«Pasar de la regulación a la especulación en materia de agua». Así ha sintetizado el diputado regional del PSOE, Antonio Salinas, la situación en la que de ahora en adelante quedará el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) tras la Ley de Medidas Urgentes que en materia medioambiental sacará adelante el Partido Popular.
Salinas afirma que con ese Proyecto de Ley, «el Partido Popular echará por tierra todo el trabajo y el futuro a medio y largo plazo que tenía programado el PEAG, ya que los regantes y futuros regantes no verán resuelto sus problemas, porque lo que ha introducido es el mercadeo del agua, contempla más multas y sanciones para los agricultores y ganaderos, se desprende más incertidumbre y, sobre todo, lo más importante y preocupante para los agricultores, y es que quien quiera disponer de agua en el futuro va a tener que pagar por ella».
El diputado socialista ha confirmado que se suspende el banco de agua que estaba establecido hasta ahora por el mecanismo que ha definido como «aguateniente», es decir, «se pasa de agua concedida por la administración de forma gratuita a pagar en el mercado al precio que establezcan los grandes propietarios de tierras, abriendo así el terreno a la especulación».
Salinas ha asegurado que “estas no son las maneras de resolver un problema estructural que había en el Alto Guadiana”, razón por la que ha recriminado al presidente provincial del PP y portavoz popular de Agricultura en el Senado, Carlos Cotillas, “por engañar con bondades y esconder ese concepto de mercadeo del agua, al igual que tampoco haya querido reconocer que se puede incrementar la conflictividad social, que se pone en peligro la recuperación medioambiental, que se eliminan las garantías del PEAG o incluso que perdemos muchos fondos de cofinanciación de la UE”.
Para Salinas, «esto viene a confirmar la falta de credibilidad total del señor Cotillas”, al recordar «cómo hace escasos tres días ha defendido como fundamental el carácter público de un edificio de uso social, turístico y cultural como es el Palacio de Valparaíso en Almagro mientras defiende a ultranza la gestión privada para el Hospital de Tomelloso, su pueblo, pese a que en este caso se trata de una infraestructura relacionada con la salud».
Salinas ha destacado que «el PEAG era necesario por la por la situación de deterioro que sufría el Alto Guadiana, porque era una obligación legal en base a lo establecido en la Directiva Marco del Agua del 2000 y la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, por la urgencia de resolver los problemas hídricos de la zona así como por la importancia y su repercusión social, económica y medioambiental del problema en la zona».
El parlamentario ciudadrealeño también ha querido valorar que su puesta en marcha no fue fácil, pero que “después de muchos esfuerzos este plan de garantías logró unir a regantes, sindicatos agrarios, ayuntamientos, ecologistas, cooperativas y a la administración en torno al proyecto, todos menos el Partido Popular”.
Salinas ha recordado también que “el Plan Especial del Alto Guadiana no fue un capricho, sino una necesidad que en sus tres años de vigencia ha dado frutos importantes», entre los que el dirigente socialista ha mencionado «los 4.000 pozos legalizados sin coste para el agricultor que han posibilitado crear 20.000 hectáreas nuevas de regadío legal, 8.000 contadores instalados y 400 millones de euros invertidos en infraestructuras hidráulicas».
