El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha asegurado hoy en las Cortes regionales que el objetivo del proyecto de Ley de Tasas “no es recaudatorio, sino que persigue un importante ahorro de costes a través de una adecuada gestión, que redunde en una mayor eficiencia y eficacia”.
La norma, tal y como ha explicado el consejero, “se basa en el principio de beneficio, equivalencia y autosuficiencia, diseñado para afrontar el coste real de los servicios públicos, velando por el adecuado sostenimiento de los mismos”.
Durante su intervención en las Cortes regionales, Romaní ha señalado que este proyecto persigue que la totalidad de los ciudadanos no tengan que pagar por un servicio público que utilizan sólo algunos. “Lo esencial es que los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos según el uso que hagan de éstos y el beneficio directo que obtengan”, ha afirmado Romaní. Las tasas, tal y como ha explicado el titular de Hacienda, contribuyen a disminuir el mal uso, o el uso innecesario en la utilización de los servicios públicos.
“El fin recaudatorio es sólo una consecuencia, ya que lo que es verdaderamente importante es desincentivar la demanda innecesaria o artificial, lo que incrementa inmediatamente la calidad de los servicios públicos”, ha precisado Romaní. De hecho, los 35 millones de euros que se pretende recaudar con la Ley de Tasas el año que viene es una cantidad mínima, del 0,4%, en relación con el presupuesto con el que cuenta la Junta, de 7.440 millones.
La Ley de Tasas se hace necesaria, además, tal y como ha manifestado Romaní, porque la anterior normativa “estaba obsoleta”, dado que el marco normativo de Castilla-La Mancha en materia de tasas y precios públicos cuenta ya con 22 años de historia. “Ello hacía necesario abordar la modificación de la legislación regional, que ha quedado obsoleta y muy dispersa, siendo necesaria su adecuación para darla mayor seguridad jurídica, mayor transparencia y mayor claridad”, ha afirmado Romaní.
Tasas actualizadas
La Ley de Tasas, ha recalcado el consejero, no recoge impuestos, sino tributos, “cuyo principal objetivo es repartir el peso tributario del coste real del servicio entre los beneficiarios de los mismos”. Todos ellos, ha señalado Romaní, “en línea con el espíritu de la legislación hasta hoy vigente, sólo que actualizados y ajustados a la realidad actual”.
La nueva norma incluye dos tasas comunes a todas las consejerías. En el caso de Fomento contempla ocho; para la de Empleo y Economía, cinco; en Agricultura, 37; para la de Sanidad y Asuntos Sociales, 24; en Presidencia y Administraciones Públicas, nueve; para Hacienda, cinco y, por último, Educación, Cultura y Deportes, dos.
