El Gobierno regional aprueba ayudas para actuaciones de emprendimiento por valor de 1,1 millones de euros

El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban,  ha anunciado la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de emprendimiento en el ámbito de nuestro sistema de innovación, en el marco de la Ley de Emprendedores, Autónomos y PYMES.

Esta nueva regulación servirá, en opinión del portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, para “consolidar un sistema de innovación más eficaz y evitar posibles duplicidades e impulsar un servicio más efectivo a los emprendedores”.

Por ello, se promoverá tanto la cultura de la innovación como la cultura emprendedora, fomentando, para ello, acciones de emprendimiento que favorezcan la puesta en marcha de nuevas iniciativas y actividades empresariales que generen riqueza y sirvan para mejorar la fortaleza y competitividad de nuestra tejido productivo.

La convocatoria destinará 1,1 millones de euros para la concesión de estas ayudas a posibles beneficiarios como los CEEIs (Centros Europeos de Empresas e Innovación), de Castilla-La Mancha y aquellos ayuntamientos de la región que presten servicios a través de los Centros Locales de Innovación y Promoción Económica (CLIPEs) integrados en la red InnovaRed.

El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno ha detallado que “el importe máximo de las ayudas será de 150.000 euros en el caso de los CEEIs y de 75.000 euros para los ayuntamientos”.

Leandro Esteban también ha señalado como novedad que todos los beneficiarios tendrán que presentar una memoria de objetivos, sobre la que posteriormente tendrán que justificar sus actuaciones para garantizar el buen funcionamiento del sistema, una medida que, en su opinión, “parece lógico que se exigiera y que hasta ahora no se estaba llevando a cabo”.

Por último, en materia de CLIPEs, el consejero de Presidencia ha destacado que sólo se incluyen como posibles beneficiarios a los ayuntamientos de la región y no a otras entidades de carácter local, con el fin de evitar posibles duplicidades en la prestación de los servicios, además de exigir a los posibles beneficiarios la prestación de un servicio de calidad, para lo cual, deberán acreditar haberlo mantenido activo de forma ininterrumpida durante un período al menos de 6 meses.

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