Rafael Céspedes Castejón. Presidente de la Unión Provincial de Ciudad Real de CSI·F.- Hace escasos días, en referencia a la propuesta de eliminación del sueldo de los diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, un diario nacional encabezaba la noticia con la siguiente reflexión: Políticos por la cara, ¿gana o pierde la política?
Al margen de la respuesta en el aire, lo que está meridianamente claro es que quién gana es el ciudadano. Un ciudadano acostumbrado a ver como la “casta política” ve incrementado su sueldo acumulando cargos, indemnizaciones vitalicias, retribuciones económicas por asistencias a plenos, en dietas, viajes en clase “business” y un largo etc. Todo ello en un contexto en el cual el país agoniza económicamente, con casi seis millones de parados que han hecho desaparecer la clase media y en el que muchos ciudadanos se hunden irremediablemente en una crisis que dura ya más de 5 años.
A partir de enero de 2013, Castilla-La Mancha se unirá a Castilla y León y La Rioja en la eliminación del sueldo de los diputados autonómicos, que cobrarán “únicamente” dietas y gastos. Sueldos, seguía desgranando el diario citado, que en Castilla-La Mancha van desde los 37.000 euros brutos al año (a lo que habría que añadir 12.000 euros en gastos, dietas e indemnizaciones) de los diputados rasos, a los 52.000 euros (más dietas, etc.) de los miembros de la Mesa de las Cortes o la dirección de los Grupos.
De esta manera, los diputados (que no tengan dedicación exclusiva) percibirán los 12.000 euros de las dietas y “una cantidad no estipulada por asistencia a plenos y comisiones”.
Hasta aquí la noticia referida de ese diario. Inmediatamente, a continuación el señor Guijarro (portavoz del PSOE en las cortes de CLM) en declaraciones a ese mismo medio, decía que “es una medida demagógica para desviar la atención, para que se hable de las retribuciones de los diputados, como si por quitársela se solucionaran todos los problemas de las CC.AA”. Es decir, que aporten los empleados públicos, trabajadores, etc., que con la aportación de la clase política no se soluciona la crisis, o mejor aún, que no aporte nadie y que la crisis en la que nos han metido políticos, banqueros, etc, se arregle por sí sola.
Tampoco es desdeñable la reflexión en ese mismo artículo del Sr. Cotarelo (Catedrático de Ciencias Políticas) que aseguraba que “un político sin salario es más fácil de sobornar que otro que lo tiene, o que pierde en moralidad porque al sustituirse los salarios regulares por dietas y viáticos es muy difícil que resista la tentación de convocar plenos frecuentemente para llevarse un pellizco”. Me gustaría aclararle a este señor que el soborno y otros delitos van en función de la moralidad de la persona y no en función de lo que cobra.
El grupo socialista de las Cortes resalta que los diputados castellano-manchegos han visto reducido su sueldo en casi un 20% (un 15% según otros diputados) terminando haciéndose la pregunta:¿se puede llegar a más? La contestación es sencilla por parte de los miles de funcionarios españoles que llevan más del 30 % de reducción en sus retribuciones.
En CSI·F estamos cansados de repetir que la salida de la crisis debe ser un esfuerzo común, una salida que suponga la aportación de todos los estamentos de la sociedad. Ya está bien que paguemos siempre los mismos, que exista tanta diferencia social entre el político y el ciudadano, tanta diferencia en retribuciones, en privilegios, etc. Tenemos más políticos por habitante que la media de otros países europeos y también menos recortes a la casta política en retribuciones y en prebendas que cualquiera de los mortales, etc.
CSI·F insiste en pedir una reforma política que racionalice los recursos humanos y económicos y aplaudimos y seguiremos aplaudiendo todas y cada una de las medidas que vayan en esa dirección y sea cual sea el gobierno que las tome.
CSI·F reitera la necesidad de una reforma de las AA.PP. Una reforma racional que acabe con la impregnación política en las instituciones y empresas públicas paralelas a la administración, donde se elude el control económico y administrativo por el que se deben regir las instituciones públicas.
