Según Daniel Martínez, Coordinador regional de IU, “las subvenciones destinadas a los municipios de toda la región, además de ser escasas, despiertan muchas dudas sobre los verdaderos criterios de reparto, que parecen responder no solo a criterios técnicos para valorar situaciones de exclusión social, también al color político de cada ayuntamiento”.
La Orden de19/07/12 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para participación en el Programa de Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales, refleja como una de las prioridades de actuación de los Servicios Sociales la lucha preventiva contra todas las formas de exclusión social, la atención a situaciones de marginalidad y de riesgo de exclusión con miras a promover y apoyar la reincorporación y reinserción social. Así pues las personas, familias y grupos destinatarios de los programas y proyectos de esta orden son aquellos que se encuentren en riesgo o en situación de exclusión social.
Concretamente, en la base duodécima de la Orden, se establecen los criterios de valoración para la adjudicación de las subvenciones, que se realizará principalmente en base a los criterios de diagnóstico social en relación al territorio de referencia, y la pertinencia del proyecto, además de otros criterios menos valorados como temporalización, evolución o aportaciones. Los gastos subvencionables son gastos de personal, de gestión y mantenimiento y para actividades.
Según el concejal de IU del Ayuntamiento de Casas Ibañez, Ximo Azorín, “este ayuntamiento solicitó como otros tantos ayuntamientos de la comarca, el programa en la modalidad recogida en la orden de Programa/Proyecto de integración social dirigido a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, con el objetivo de facilitar los procesos de integración social”.
Sin embargo, según los datos a los que ha tenido acceso IU, comparando el importe de las subvenciones de otros pueblos de esta modalidad recogida en la base 7, apartado a), de programas/proyectos de integración social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, resulta «más que cuestionable» que se hayan aplicado los criterios de valoración por parte de la Comisión Técnica de valoración, dictamen y propuesta.
En concreto para el mismo programa y misma modalidad, solicitado por diferentes ayuntamientos, «se han concedido importes superiores a municipios gobernados por el PP, en comparación con no gobernados por esta este partido político. Resultando paradójico que municipios con mayor población y con mayor número de personas con el perfil de exclusión social, hayan tenido menores cuantías aprobadas». «Así tenemos -explica Martínez-, dentro de la provincia de Albacete, municipios gobernados por el PP como Mahora, con 1400 habitantes que ha percibido 15.000 euros, Casas de Ves, con 700 habitantes, 11.500 euros, Navas de Jorquera, 550 habitantes, y 13.480 euros, Golosalvo, 100 habitantes y 7000 euros, o La Recueja, 300 habitantes y 9480 euros». «En la provincia de Cuenca Casasimarro, con más de 3000 habitantes y Villanueva de la Jara, no llega a 3000, los percibirán unos 14.000 euros para la ejecución del programa».
Otros pueblos, asegura el coordinador regional de IU, «con un color político distinto salen claramente perjudicados, como Villamalea(AB) y Casas Ibañez(AB) con un importe de 9480 euros concedidos, o Madrigueras(AB) con 6480 euros». Los tres superan ampliamente los 4000 habitantes, rozando los 5000 en el caso de Casas Ibáñez y Madrigueras. También Cenizate, con 1300 habitantes y 7000 euros es uno de los pueblos discriminados según datos población y subvención concedida.
«No se trata de relacionar exclusivamente el número de habitantes con la aprobación de la cuantías -dice Martínez-, pero no es fácil de entender que hay municipios pequeños de menos de 1000 habitantes, que reciben la misma cantidad o mayor que otros con casi 5000 habitantes, y que además estos pequeños municipios no tienen apenas personas en exclusión social, dado que la mayor parte de la población está formada por mayores pensionistas, y mientras en los municipios de la Manchuela con más población y más personas en exclusión social, las cuantías aprobadas han sido menores».
Por todo ello, desde Izquierda Unida, según los datos a los que ha tenido acceso, «cuestionamos el criterio que ha aplicado la Comisión Técnica de valoración, dictamen y propuestas y solicitamos, además de la correspondiente aclaración pública, la comunicación a todos los ayuntamientos de la región, que figuren como solicitantes, de los criterios y justificación utilizados para conceder las subvenciones del Programa de Integración Social, pues tal y como se ha justificado, no parece apoyarse las resoluciones de la cuantías en criterios técnicos y si políticos».
Acertadísimo, como siempre.