Alejandro Alonso e Isabel Rodríguez. Diputados nacionales del PSOE.- El Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) fue una gran conquista de nuestra región. Se aprobó tras años de reivindicaciones, manifestaciones, encierros y tras una larga tramitación. Finalmente surgió del consenso del conjunto de la sociedad castellano-manchega y como solución a un problema histórico de la zona.
Yo creo que es (¿era?) un plan equilibrado que hacía compatible los deseos ambientales de recuperación del acuífero y del mantenimiento de las zonas húmedas con los legítimos anhelos de los agricultores profesionales de poder usar los recursos hídricos de la zona.
Ya en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 se hacía referencia en la disposición adicional cuarta a la obligatoriedad de establecer un plan en el plazo de un año para resolver los problemas de la zona. Hubo un intento en el 2004 de aprobar un PEAG que no contó con el respaldo de la sociedad castellano-manchega y que finalmente no salió adelante por la gran cantidad de alegación en contra que recibió. Es en 2008 cuando se consigue ese gran consenso social y se plantea una solución aceptada muy mayoritariamente por todos.
El Plan ha dado sus frutos en un doble sentido. En primer lugar, en colaborar en la recuperación del acuífero 23 y con ello del complejo lagunar manchego, especialmente las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera, y, en segundo lugar, dando solución a las situaciones de regularización de miles de explotaciones de regadío de agricultores profesionales dedicados al cultivo de leñosos y otros de marcado carácter social (poco consumidores de agua).
Se puso en marcha el Banco de Derechos de Agua mediante la compra voluntaria de derechos de agua a particulares por la administración, de estos derechos el 70% se destinarían a recuperar el acuífero y el 30% a nutrir el banco de derechos. Para signar estos se creaban los siguientes grupos. Con esta base se realizaron las convocatorias de regulación que aún tienen sin resolver más de 6.000 solicitudes, muchas de ellas con resolución favorable del Consorcio para la Gestión del PEAG y aún pendientes de resolución definitiva por parte de la Confederación.
Este plan caminaba en la dirección correcta. Recibimos críticas muy duras por la lentitud en la tramitación de alguna de las medidas, por eso, no puedo entender el silencio actual cuando de la lentitud hemos pasado a la liquidación.
Ahora el Gobierno del Partido Popular y en concreto el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente ha suprimido las aportaciones económicas al desarrollo del Plan (compra de derechos de agua, compra de tierras, reforestaciones, etc.) y ha modificado de forma unilateral la legislación aplicable a la zona produciendo un drástico cambio de status que en realidad supone haber derogado de hecho el Plan Especial.
Pero el actual PEAG no puede desaparecer de la noche a la mañana, hay medidas que se iniciaron y a las que hay que dar una solución. Se compraron derechos y se inició un proceso de regularización donde se atendieron unos 4.500 expedientes de regularización de leñosos, los cuales tienen informe favorable del Consorcio e incluso algunos cuentan con la resolución favorable por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. También hay otros 2.000 expedientes en fase de resolución correspondientes a explotaciones prioritarias.
El Partido Popular con las modificaciones introducidas en la Ley aprobada ayer fía todas las posibilidades de actuación a la iniciativa privada; dicho de forma más clara, si algún agricultor desea legalizar un pozo para regar su viñedo, que llame a la puerta del propietario que los tenga y que los quiera vender, eso sí, al precio que el imponga. Se sustituye la concesión gratuita por la compra en un mercado libre. Al que le parezca mejor este sistema que el anterior que lo diga, a mi me parece que el Gobierno del PP nos ha metido la mano en la cartera a cambio de dar satisfacción a unos cuantos propietarios que sin duda han visto revalorizado su patrimonio.
Tampoco el Gobierno ha dado respuesta a los agricultores situados en las zonas de Sierra de Altomira, Lillo-Quintanar y Consuegra-Villacañas, que sin estar situadas en acuíferos declarados sobreexplotados, tienen también sus expedientes sin resolver y siguen sin atender sus necesidades hídricas.
Por eso creo que el PP nos debe una explicación, es necesario que el Gobierno revele qué va a hacer en la zona y qué va a hacer con los expedientes iniciados y con los pendientes de resolución definitiva. Igualmente debe decir qué medidas de conservación va a tomar para preservar el acuífero.
Los más de 8.000 agricultores que esperan una solución a sus problemas y el conjunto de la sociedad castellano-manchega merecen una explicación.
