Nota de prensa de UPyD.- UPyD considera que las actuaciones de la Junta en materia de política social, en general, y de servicios sociales, en particular, concretadas en recortes presupuestarios, desmantelamiento de servicios, despido de profesionales de la intervención social y, por último, en la intención de imponer una tasa a los ciudadanos dependientes y discapacitados que pretendan revisar su situación en el ejercicio de sus invulnerables derechos, quebrantan la calidad de la protección social, atentan contra la dignidad de todos estos ciudadanos, restringen el ejercicio de las prestaciones sociales reconocidas en nuestro Estado de Bienestar y, con toda esta carta de injusticias, además de impedir la práctica de una ciudadanía activa, está amenazando la equidad y la cohesión social castellano-manchega.
La ejecutiva regional de UPyD ha analizado el último viernes los efectos que la crisis económica española está provocando cada vez más en la cohesión social de nuestro país, que se ve agudizada en Castilla-La Mancha, como consecuencia del paulatino aumento del desempleo, del trabajo temporal y del reajuste de la protección social, que ha tenido que hacer frente a la caída de ingresos.
El aumento de la brecha social es un fenómeno global sobre el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encendió las alarmas a finales del año pasado: la distancia entre ricos y pobres se encontraba en 2008 (últimos datos analizados) en el nivel más alto de los últimos 30 años debido sobre todo a la cada vez mayor diferencia salarial. No se trata siempre de una consecuencia de las crisis, las desigualdades también crecen en la bonanza debido, según el organismo, a que desde mediados de los 90 las políticas correctoras como los impuestos y los servicios sociales han perdido poder de redistribución de riqueza. La acción política del Gobierno de Cospedal vuelve a ser un ejemplo agudizado del incremento de la distancia entre ricos y pobres.
El 21,1 % de la población española se encuentra por debajo del umbral de pobreza, frente al 21,8 % de 2011, un descenso de siete décimas que se explica por el efecto de la estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años, pese a la reducción de los percibidos por el resto de la población. La tasa de pobreza de quienes tienen entre 16 y 64 años ha crecido hasta el 21 % desde el 19,4 % de 2011, al tiempo que uno de cada cuatro menores de 16 años se encuentra por debajo del umbral de pobreza y los ingresos medios anuales de un hogar español se reducen a 24.609 euros, tras caer el 1,9 %. Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad autónoma con los problemas más graves de pobreza; uno de cada tres castellano-manchegos (el 31,7%) vive bajo el soportal de la pobreza, que se ha incrementado en casi un 2% el último año. Estos datos forman parte de la encuesta de Condiciones de Vida difundida el 22 de octubre de 2012 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual el 12,7 % de los hogares españoles llega a fin de mes con «mucha dificultad», frente al 9,8 % de 2011.
La formación magenta ha hecho referencia, en concreto, a algunos ejemplos clarificadores de la reducción presupuestaria de la Junta de Comunidades en 2013 en la financiación de los servicios públicos respecto a la existente en los presupuestos del presente año, como son la disminución de más del 60% en Programas Sociales Básicos (lo que supone un descenso de casi sesenta millones de euros); sin poder obviar tampoco la reducción de más de 3 millones de euros en los gastos destinados a la atención y tutela de menores. UPyD es consciente de una máxima que el Gobierno de Cospedal está dejando de lado, y que, sin embargo, el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza realizó el sábado 20 de octubre, durante el espacio que reservó para reflexionar, compartir y buscar soluciones entre todos a las consecuencias de la crisis: “en tiempos de crisis es lógico que haya recortes, pero nunca se deben hacer en Servicios Sociales».
Para Celia Cámara, coordinadora regional de UPyD, los numerosos ejemplos que la paulatina limitación en la financiación de Servicios Sociales demuestran por parte de la Junta, derivando en un “ajusticidio” de las personas y los hogares más necesitados de Castilla-La Mancha, son una clara evidencia de la falta de compromiso del Gobierno de Cospedal con lo público y certifican de hecho sus intenciones de desmantelar los servicios públicos e ir hacia una privatización progresiva de los mismos. Una palpable demostración de hallarse muy alejado de sostener el Estado Social –y democrático- de Derecho que nuestra Constitución reconoce, con el fin de fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario de cualquier ciudadano y para que pueda participar éste como miembro pleno en la sociedad.
La formación política ha criticado también que el Proyecto de Presupuestos para 2013 deje desprotegidos a los más vulnerables, al omitir partidas que afectan de manera significativa a la atención de personas en situación de exclusión social, con necesidades de vivienda, desempleadas sin prestaciones o minorías étnicas. Volviendo su acción de gobierno a un débil asistencialismo puro, en su modelo más contrastado.
Por último, Cámara ha indicado que, como consecuencia de todo lo anterior, el Parlamento regional debata una moción que solicite del Ejecutivo regional la creación de un Fondo Autonómico de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y exclusión social, con una dotación para 2013 de 75 millones de euros, que permita dotar a los ayuntamientos de fondos que les permitan la prestación de servicios educativos, de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y los derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social, aumentando especialmente la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.
