El diputado nacional del PSOE; Alejandro Alonso, ha denunciado que el Gobierno nacional del Partido Popular ha decidido «enterrar definitivamente» el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) tras aprobar en solitario el proyecto de ley de medidas urgentes en materia medio-ambiental, «y dejar sin consignación presupuestaria este plan».
De este modo, Alonso ha lamentado que los ‘populares’ hayan “matado” un proyecto que considera que era vital para mejorar la situación del Acuífero 23 y de los espacios naturales y lagunares.
En ese mismo sentido, el parlamentario socialista ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de haber “matado” también cualquier posibilidad de regularización de los agricultores, unas regularizaciones cifras en torno a 4.500 explotaciones y que “tenían la sana esperanza de que la administración regularizara su situación”.
Alonso ha asegurado que «el Partido Popular se ha limitado a dejar sin ninguna financiación el PEAG. Eso significa que habrá cero euros para la regularización de pozos, ceros euros para la compra de fincas aledañas a los parques nacionales y cero euros también para la compra de derechos de agua».
Precisamente sobre los derechos de agua, Alonso ha sido muy crítico al manifestar que con las modificaciones realizadas por el Gobierno de España, en la que esa compra de derechos de agua se realizará en el ámbito privado, “se da un portazo en las narices a las expectativas de Castilla-La Mancha y le mete dinero directamente en el bolsillo a los grandes propietarios de tierras de la zona que tienen derechos y podrían venderlos” si así quisieran.
En la práctica, eso supone que el agricultor que quiera comprar derechos de agua para legalizar su explotación o pozo tendrá que adquirir esos derechos a quien los tenga, y eso, tal y como ha indicado Alonso, significa “miedo por un lado al haber subido las multas y, después, si quieres derechos, ve a comprarlos al mercado libre”.
Por ello, y aprovechando su comparecencia de Ciudad Real, Alejandro Alonso ha exigido a los dirigentes del Gobierno de Cospedal y del Partido Popular “que les digan a los ciudadanos de esta región qué van a hacer en el Alto Guadiana, qué va a hacer para recuperar el acuífero y qué va a hacer para cumplir su promesa de legalización de los miles y miles de pozos que ahora mismo están en situación irregular” pertenecientes a agricultores de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo.
A la vista de la nueva Ley y sus efectos sobre el PEAG, Alonso cree que se trata de una decisión “nefasta” e “incomprensible” para Castilla-La Mancha, ya que supondrá perder dinero y posibilidades de actuación en la recuperación del acuífero y de legalización de actividades agrícolas en la zona.
