La Asociación Defensoría de la Ciudadanía de Castilla-La Mancha pone desde hoy en marcha sus servicios. Comienza así su andadura con un objetivo fundamental: ofrecer asesoramiento para proteger los derechos de los ciudadanos frente a la actuación – o falta de actuación- de las administraciones públicas en el ámbito de la comunidad autónoma. Su meta es ofrecer asistencia de forma cercana, ágil y gratuita.
Con esta iniciativa se pretende que, precisamente en estos tiempos de crisis, nadie vea limitados o vulnerados sus derechos por no disponer de recursos suficientes para defenderlos.
La asociación ya está legalmente constituida e inscrita, y se pone a disposición de cualquier persona o colectivo que tenga un problema con su ayuntamiento, con la Junta de Comunidades o con la administración del estado. Aunque empieza ahora a dar sus primeros pasos, uno de sus portavoces, Pablo Manuel Simón, cree que pronto “la gente la reconocerá mejor como Defensoría de Castilla-La Mancha”.
El canal de contacto con los ciudadanos será fundamentalmente la web www.defensoriaclm.org , un portal donde los usuarios podrán plantear sus consultas, que serán atendidas por escrito de forma rápida y práctica. Quienes promueven esta iniciativa cuentan con una dilatada experiencia en diferentes ámbitos administrativos y legales, y son especialistas cualificados para atender los problemas que plantee la ciudadanía.
Según los representantes de la asociación, es difícil saber con qué volumen de quejas se encontrarán, pero consideran que hay una demanda social muy amplia, porque “estamos en un momento en que la crisis ha aumentado las dificultades sociales y ha reducido en paralelo los recursos públicos”. Entienden que muchas personas necesitan además apoyo para dirigirse a la administración, porque no saben cómo hacerlo o encuentran dificultades de acceso. Y, en algunas ocasiones, el asesoramiento puede favorecer vías de solución a los conflictos antes de que se produzca un acto administrativo definitivo.
En su primer contacto con los medios de comunicación, la Defensoría ha explicado que no quiere limitarse a solventar consultas o problemas concretos que remitan los usuarios. También tiene previsto efectuar, de forma inminente, análisis acerca de determinados problemas que están afectando a la ciudadanía en general. Sobre todo, indicó Pablo Manuel Simón, “la falta de transporte público escolar en las zonas rurales, el aumento de las listas de espera en atención especializada en el Sescam, o la revisión de las valoraciones que en materia de dependencia esta realizando la administración, porque se está produciendo una reducción del nivel de las prestaciones percibidas y bastante retraso en el pago de las mismas”. Además, les preocupan las dificultades que puede implicar en un futuro próximo la eventual aprobación de una ley de Tasas Judiciales para el acceso a la justicia de muchas personas.
Cuando la asociación detecte la existencia de problemas de amplia repercusión, realizará informes y propuestas con un doble fin: ponerlos en conocimiento de la opinión pública y remitirlos a las administraciones competentes con el objeto de mejorar los servicios públicos.
Una de las primeras consultas que ha llegado a la Defensoría, incluso antes de abrir formalmente su portal, está relacionada con las limitaciones que están encontrando algunos colectivos para ejercer su derecho a manifestarse en espacios públicos. Los miembros de la Defensoría suponen que también les llegarán consultas sobre tasas, autorizaciones municipales y molestias por ruido.
La nueva asociación quiere extender su servicio a todas las provincias de Castilla-La Mancha y presentará su portal en fechas próximas en otras localidades.
