Santos G. Monroy.- Dicen por ahí los díceres que en las Tablas de Daimiel se ha perpetrado uno de los grandes fraudes colectivos de la historia regional mientras nuestros gestores, los pasados y los presentes, silban disimuladamente mirando hacia otro lado. Se trata, según ha denunciado la organización WWF, de la compra pública de “agua fantasma” por valor de 66 millones de euros entre 2008 y 2012.
Los denunciantes han publicado un informe que asegura que el banco del agua del Guadiana gastó el dinero, en el marco de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), para comprar y vender derechos “de papel” de fincas sin riego en los últimos años. Según estas fuentes, el 83 por ciento de las explotaciones cuyos derechos fueron comprados por el Gobierno no extrajeron agua, al menos, durante los cinco años previos a la compra. Al mismo tiempo, cuarenta de los vendedores que sí usaban el agua la siguieron utilizando después de la venta, convirtiéndose así en ilegales.
El silencio institucional en torno a este grave asunto ha sido absoluto. Una omertá. Y cuando alguien hable, será para negar. Es el mismo silencio que envuelve a otros grandes fiascos que han contribuido a la lamentable situación por la que atraviesa Castilla-La Mancha, pero éste del agua es más preocupante porque la impunidad campa por sus fueros al abrigo del desinterés social.
Hasta la fecha, la gestión hídrica en Castilla-La Mancha ha sido, en términos generales, un berenjenal de actuaciones medioambientales y agropecuarias descoordinadas, una instrumentalización política de fondos comunitarios, una sucesión de huidas hacia delante. Ningún protagonista sale bien parado en este esperpéntico guión.
De todos es conocida la dramática situación por la que atraviesa el Tajo, víctima del caos normativo y la esquilmación política. Pero no menos preocupante es la situación del Alto Guadiana (por más que las condiciones meteorológicas camuflen el problema), mártir del uso fraudulento e indiscriminado de los recursos del subsuelo tras años de anarquía, desidia ciudadana y dejación de funciones de las administraciones públicas.
El PEAG llegó demasiado tarde, reducido a mera prestidigitación política para tapar las vergüenzas del pasado. Fue un ejemplo de cómo a los políticos no les temblaba la mano en derrochar dineros (5.300 millones de euros, que en este caso tampoco se gastaron porque sencillamente no los había) con tal de disimular el fracaso de su gestión.
Los actuales gobiernos, tanto regional como autonómico, tampoco parecen tener las ideas claras. La grotesca gestión de trasvases está dando lugar a transfusiones demenciales que responden a intereses políticos y amenazan con convertir al Tajo castellano-manchego es un triste barranco. En el Guadiana, y una vez muerto y enterrado el PEAG, todo está por demostrar, y no hay garantías para una efectiva reducción del volumen de extracciones, y ni mucho menos una solución al problema de los pozos ilegales.
Castilla-La Mancha aguanta, pues, una agonía hídrica tan inexorable como un castigo mitológico. Un castigo bien merecido, dicho sea de paso, en pago por nuestra avaricia, picaresca, ineptitud e indolencia.
En Twitter: @santosgmonroy
Enhorabuena, Santos. Una vez más demuestras tu compromiso con la verdad. Una vez más te alejas del sectarismo que tanto practican tus colegas de profesión. Que aprendan los demás periodistas y los ciudadanos de este país que también necesitan grandes dosis de ecuanimidad para analizar la situación política actual.
Te felicito por el artículo, aunque discrepo en algunos asuntos, pero es importantísimo convertir este asunto en un asunto de actualidad, ya que esta todo muy estancado. Yo ell Peag no lo enterraría todavía, con todas sus cosas malas que las tiene, entre ellas el falta de consenso real con todos los actores implicados, al menos ha sido el primer intento real de tener una gestión integral de la subcuenca, y en la situación actual se había conseguido que muchos agricultores reconvirtieran su pozo ilegal en aguas públicas con lo que pasaba a estar regulado. Ya estan instaladas la gran mayoría de los caudalimetros, y la mayor parte de los expedientes estaban resueltos, por primera vez parecía que se había cogido el toro por los cuernos y se había intentado controlar las salidas del acuifero. Hasta en bastantes agricultores había calado la idea de que si todos queríamos tener agua, había que repartirla. También en la clase política y en los mov. ecologistas habían sabido diferenciar grandes explotaciones y cultivos que consumían mucha agua, de los cultivos «sociales» y pequeñas explotaciones, con las que no se podían mantener sin el agua, y por tanto, muchas familias dependían de esa explotación «ilegal» para poder vivir. En mi opinión, si se paró creo que fue por una falta de voluntad política de realmente querer arreglar el problema, quizás motivado por el cambio de gobierno primero en la Junta y posteriormente en el gobierno central, o quizás empezó antes porque se le acabó el dinero como dices, o quien sabe, eso ya no lo sé. Lo que sí sé es que ahora tenemos una situación surrealista, porque algunos agricultores(los que tienen el expediente resuelto) ya están sujetos a regulación y los que no, pueden seguir regando a sus anchas, lo que desmotiva a los primeros. Gracias por el artículo porque al menos fomenta el debate, y creo que trata de llevar a la agenda este tema que es muy importante para el futuro de nuestra tierra. Un abrazo