Lorenzo Prado Cárdenas. Secretario General de FETE-UGT Castilla-La Mancha.- Uno de los grandes avances que se produjo durante la democracia tuvo lugar en el ámbito de la educación, que se hizo universal, y, por supuesto, pública y equitativa, con un gran incremento de centros y de profesorado, con la práctica escolarización de todos alumnos y alumnas desde los 3 años, con la ampliación de la etapa obligatoria, con la instauración de diferentes programas de compensación y con la creación de la universidad, que posibilitaba un acceso de nuestros alumnos a los estudios superiores.
Y decimos que fue un avance porque los recortes aplicados y los que, a tenor de los presupuestos, se van a seguir aplicando nos llevan a un inevitable retroceso, ya que han supuesto el despido de miles de docentes, que continuará, la eliminación de todos los programas de compensación, la práctica desaparición de la formación permanente del profesorado, la precarización de la función docente (más horario lectivo, menos retribuciones, sustitución de bajas sólo a partir del décimo día), la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula) que tendrán una grave repercusión en la calidad educativa, las dificultades que tendrán nuestros universitarios de acceder a los estudios superiores por el incremento de las tasas y las duras condiciones a las que tendrán que hacer frente para ser beneficiarios de una beca, así como la problemática ante la que se van a encontrar para que nuestra universidad pueda ofrecer unos estudios de calidad, después de que los presupuestos ahoguen a la universidad con 32 millones de euros menos de los que ésta necesita para subsistir.
Pero, no contentos con este desmantelamiento del sistema educativo, ahora nos presentan un Anteproyecto de Ley de Educación, que sí va a llevar el pomposo título de “mejora de la calidad”, no siendo más que un cúmulo de actuaciones en sentido contrario a todos los criterios pedagógicos actuales, excepto a los de nuestro “querido” ministro.
En primer lugar, el anteproyecto ratifica la poca profesionalidad que, a su juicio, merecen nuestros docentes, no se fía de las decisiones de los equipos didácticos que trabajan diariamente y durante varios años con nuestros alumnos, ya que la continuidad de los mismos en los estudios dependerá de la evaluación que se haga al final de las etapas; evaluación que realizarán, por supuesto, agentes externos que, en unas pocas horas, decidirán si el alumno o alumna puede seguir sus estudios o debe repetir. Con la instauración de las reválidas, rememoración de otros tiempos, al final de cada etapa, quitan seguridad en su trabajo a nuestros docentes y convierten los estudios en una carrera de obstáculos para nuestros alumnos y alumnas.
Después se jactan de la importancia que quieren otorgarle sólo a las asignaturas instrumentales en detrimento de las demás; y no es pecata minuta, pues esto, unido al adelanto de los itinerarios que, más que intentar reducir el abandono y fracaso escolar, va a eliminar progresivamente tanto la igualdad de oportunidades como la formación común durante la etapa obligatoria lo que, sumado a la pronta selección de alumnos, supondrá que habrá muchos alumnos y alumnas cuya formación va a ser la de las cuatro reglas, es decir, futura mano de obra barata para un mercado laboral precario. A cualquier padre o, mejor dicho, a cualquier ciudadano, esto le debe producir escalofríos. Y por supuesto, serán las clases más desfavorecidas y con más falta de apoyo las que tienen las mayores posibilidades de nutrir esta precaria formación.
Otro elemento absolutamente negativo que se quiere introducir en los centros es una injusta competitividad, pues van a establecer pruebas externas, cuya
publicación determinará un ranking de centros. La diversidad de los centros y el entorno desfavorecido en el que muchos tienen que trabajar hace injustificable la publicación de unos resultados que no habrán podido valorar parámetros fundamentales, como es el entorno social del centro, lo que convertirá la elección de centros en un “mercado” para los padres; lógico, por otro lado, y será una pescadilla que se muerde la cola; pues, mientras unos centros “progresarán adecuadamente” y serán recompensados, otros se convertirán en auténticos guetos, donde irán los alumnos y alumnas desechados por los anteriores centros y, para que esto ocurra, darán facultades de selección a los directores que, como veremos más adelante, los elegirá la Administración.
La resurrección de estas viejas fórmulas se complementa con una nueva forma de gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada: mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación pública; financiación externa de patrocinadores que impondrán sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela; así como la “profesionalización” de la dirección escolar como gerentes, expertos en gestión empresarial y de recursos humanos, que gestionarán los centros educativos públicos de forma “eficiente” y con rentabilidad económica, para
lo que el director será prácticamente designado por la administración, ya que se reserva el 70% de la evaluación para su selección y éste podrá contratar y echar “razonadamente” al docente que quiera.
Pero, además, no contentos con estas nuevas “razonadas y consensuadas
propuestas”, la administración podrá asignar a los docentes funciones en
etapas distintas a la suyas, así como enseñanzas distintas a las de su
especialidad e incluso los podrán trasladar, independientemente de que
tengan destino definitivo o no, de centro sin límite de extensión, pudiendo
modificarles la adscripción de sus puestos de trabajo.
Por todo lo que se nos viene encima, FETE-UGT pide, ahora más que nunca, que la comunidad educativa aúne esfuerzos y comparta iniciativas contra estas políticas educativas del PP, que suponen el ataque más grave al sistema educativo desde la transición, que nos retrotrae al modelo de escuela franquista y que, con la excusa de la crisis, pretende convertir la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, mientras potencia e impulsa el negocio privado en la educación. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y el de la sociedad en su conjunto.
