José Alberto Martín-Toledano. Diputado nacional del PP.- Nada más alcanzar la responsabilidad de gobernar, al Partido Popular, se le plantea la resolución del problema de la financiación de las administraciones públicas en España. Sin duda, una cuestión de la máxima complejidad donde gobiernos de todo el mundo y de diferentes colores políticos han fracasado.
Para enfrentarse a un análisis completo de este problema debemos conocer todas las variantes del mismo:
1.- Durante los últimos años, en España, las administraciones públicas han aumentado su volumen de forma desproporcionada, generando estructuras que se multiplicaban cada vez más. Este diseño irracional de servicios públicos se fue afianzando en unas condiciones de bonanza económica.
2.- Con el inicio de la crisis, la situación se vuelve insostenible. No hay ingresos suficientes para mantener la enorme estructura del Estado. Ante la falta de dinero para hacer frente al pago del coste de la Administración, el Gobierno socialista decidió acudir a la deuda y cada vez a unos préstamos por más cantidad y a unos intereses mayores.
3.- El Estado gasta más de lo que ingresa y la situación de déficit pasa de ser circunstancial a ser estructural. Los mercados advierten al Gobierno de que corre peligro de no recibir más préstamos y en todo caso a unos intereses draconianos.
4.- La financiación del Estado se hizo imposible, era necesario equilibrar el enorme déficit creado. El Gobierno de Zapatero no adoptó las medidas necesarias de control del gasto, ni las adecuadas, ni las suficientes, en consecuencia la degradación de nuestra economía prosiguió.
5.- El nuevo Gobierno se enfrenta a la resolución de esta endiablada situación. Poder financiar a las administraciones, reduciendo el déficit heredado y garantizando servicios públicos de calidad.
6.- Para poder hacer frente a los gastos del Estado sin acudir a la deuda y reducir el déficit a los niveles impuestos por la Unión Europea, sólo existen dos soluciones o la combinación de ambas: Reducir estos gastos y/o aumentar los ingresos. Lo difícil es cuando la oposición y parte de la opinión pública te exigen que este proceso se realice sin perjudicar a nadie, sin afectar a ningún derecho adquirido y sin reformar los servicios que prestan las administraciones.
7.- Es necesario recortar gastos y ello inevitablemente supone suprimir estructuras públicas excesivas, ajustar los servicios sobredimensionados, controlar cualquier dispendio y aún con ello no será suficiente. Habrá que recortar del gasto de personal y del gasto de inversiones públicas, recortes éstos dolorosos y que deberán tener carácter temporal.
8.- Al mismo tiempo, y debido al déficit oculto por parte del anterior Ejecutivo, deberá procurarse un aumento de los ingresos vía incremento de algunos impuestos, de forma transitoria y con dos premisas, el carácter progresivo de las medidas y que no afecte a los generadores de empleo. Se combinará con otras propuestas de reactivación de la actividad económica dirigidas a facilitar la actividad empresarial y la creación de empleo.
9.- La pretensión del Gobierno es reducir el déficit desde el primer minuto, garantizar a los agentes económicos internacionales que cumpliremos con el nivel fijado por la Unión Europea para la zona Euro. Esta acción es imprescindible para poder renegociar nuestra deuda a un interés aceptable y en ella se deben implicar no solo el Gobierno Central sino también los Gobiernos Autonómicos y los Locales.
10.- El Gobierno pretende que estas decisiones económicas tengan un carácter de eficacia, poder garantizar el pago por parte del Estado del funcionamiento de la administración, y al tiempo que no pierdan la visión social, mantener las prestaciones por desempleo, revalorizar las pensiones y priorizar los servicios básicos, educación y sanidad.
Analizadas todas las variantes del problema de la financiación de las Administraciones públicas en España y las medidas que inevitablemente deben tomarse, debemos reflexionar sobre que las mismas supondrán un esfuerzo global para toda la sociedad española y que todos tenemos que colaborar en el éxito de las mismas.
Para lograr una financiación adecuada del Estado y su administración pública será necesario también lograr con las medidas citadas una reactivación de nuestra economía, razón ésta que hace necesario el apoyo decidido al sector de los emprendedores, sin ellos no habrá generación de empleo.
Sin duda la tarea asumida por el Gobierno de Mariano Rajoy es gigantesca, por la dificultad de la situación económica y porque sin duda supondrán una reforma profunda de la organización administrativa del Estado. La reordenación de la estructura del Estado es una demanda social y una necesidad para poder dedicar los recursos públicos a sufragar los servicios públicos esenciales.
Con todo debemos tener confianza, el Gobierno tiene las prioridades claras y actúa en consecuencia, estamos sembrando las bases de la recuperación económica y de la generación de empleo. No será fácil ni rápida, pero con toda seguridad llegará.
