La Comisión Permanente de la Junta de Personal de la Administración General del Estado de Ciudad Real, se reunió el pasado lunes, con carácter de urgencia, para estudiar, debatir, y tomar decisiones acerca de la publicación en el B.O.E. el pasado día 20 de julio del R.D.L.20/2012, por el que «los Empleados Públicos hemos sido nuevamente tratados como auténticos culpables del estado caótico de crisis de este país, reduciéndonos de nuevo nuestros derechos económicos mediante la supresión de la Paga extraordinaria de Diciembre y la reducción de derechos sociales reconocidos en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público».
Los empleados públicos, además de la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido- aseguran desde la Comisión Permanente-, «asistimos a una terrible degradación de nuestros derechos, como son la reducción salarial del 5%, y las consiguientes congelaciones salariales de los años 2011 y 2012, amén de las suspensiones de las aportaciones al Plan de Pensiones, recortes de plantillas, subidas de I.R.P.F. y del IVA. Y sobre todo la campaña de Desprestigio del funcionario compuesta por continuas declaraciones públicas de carácter vejatorio, ofensivo y denigrante de nuestros máximos responsables de la política y de la C.O.E. que hace sentirnos enfrentados con toda la opinión pública y con el ciudadano de a pié a quien servimos con lealtad, honradez constante y dignamente».
La Comisión Permanente de la Junta de Personal de la Administración General del Estado de Ciudad Real, que representa a un colectivo de más de mil trabajadores y preside el sindicato CSI·F, condena todos estos recortes, se suma a todas las movilizaciones convocadas y organizará campaña de diferenciación entre los empleados públicos como auténticos profesionales de la Administración del Estado y los ”otros Empleados de la Función Pública” elegidos a dedo o enchufados, que solo producen gastos innecesarios en los presupuestos, aumentando el déficit de este país.
Esta Junta de Personal exige al Gobierno medidas austeras y de recorte de gastos «pero que no afecten a los trabajadores ni a los Empleados Públicos, como en las televisiones autonómicas, eliminación de empresas públicas, recortes de enchufados políticos, eliminación de asesores y reestructuración de personal de alta dirección en todos las instituciones del Estado».
Lo increible de este recorte es:
-Nos dicen en la cara que nos quitan el dinero y que, luego, se lo piensan dar a los bancos con lo que, además, pagaremos impuestos por él y no lo tocaremos (si es que lo tocamos) hasta que nos jubilemos, que será a los 80 ¿no?
-Nos siguen practicando la retención en nómina por IRPF del sueldo prorrateado que no cobraremos.
-Presumen de que al 0’5% no se la quitan lo cual supone 1 de cada 200 y además que ese 0’5 ganará así más que los que les sigan en sueldo.
-Ni siquiera, a diferencia del recorte de 2010, establecen para las administraciones una obligación de destino de esos fondos a sufragar pérdidas o cancelar créditos. Se lo pueden gastar en «chuches» o en otro par de asesores ¿no?
¿Qué clase de catedrático tenemos por Ministro de Economía?