La diputada nacional por el PP, Rosa Romero, ha informado hoy sobre la ejecución del Plan de Pago a Proveedores, un plan que ha dejado en la provincia 107 millones de euros para pagar un total de 45.986 facturas principalmente de personas físicas y pequeños y medianos empresarios.
Romero ha destacado la importante repercusión de este plan, “la mayor operación de refinanciación de la historia de España” que inyecta «una considerable cantidad de dinero a la economía de la provincia y que permite que 1.282 personas físicas, 2.316 Pymes y 125 grandes empresas puedan sobrevivir».
Según ha explicado la diputada, 91 entidades locales de la provincia se han adherido a este Plan de Pago que se inició con el Real Decreto 4/2012 aprobado en el mes de febrero. Los ayuntamientos que decidieron adherirse y presentaron planes de ajuste y viabilidad han podido recibir en estos días el pago a sus facturas pendientes. Concretamente, se han liquidado 45.986 facturas por valor de 107 millones de euros que han beneficiado a un total de 3.723 proveedores. Romero ha apuntado que en Ciudad Real capital se han destinado 11 millones de euros para pagar 2.000 facturas a un total de 340 proveedores.
A nivel regional, 617 ayuntamientos se han adherido a este plan para liquidar un total de 161.820 facturas con 13.979 proveedores por un importe de 437 millones de euros.
“Estamos hablando, por lo tanto, de inyectar liquidez directa a los más pequeños, que son al fin y al cabo los que más necesitados estaban de recibir el dinero de la Administración”, ha comentado la diputada nacional, quien ha mostrado su “satisfacción” ante una de las medidas más importantes puesta en marcha por el Gobierno «que ya tiene su efecto directo para los proveedores de toda la provincia y que favorecerá la creación de empleo». A su juicio, “si hay algo inaceptable es que una administración no pague por los servicios prestados y que por culpa de eso, una empresa tenga que cerrar dejando a trabajadores en paro”. Las administraciones tienen que “pagar puntualmente las obligaciones contraídas”, ha comentado Romero, “y esa tiene que ser una norma de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas en España”.
La diputada nacional ha recordado que, cuando se pague a los proveedores de las comunidades autónomas a finales de mes, el montante total de dinero destinado al pago de facturas pendientes será de 30.000 millones de euros, con lo que se espera que se generen entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo.
