Jacobo Medianero Millán.– Tras los recortes en educación que han practicado Comunidades como Castilla La Mancha y los recortes en los Presupuestos Generales del 2012 anunciados hace poco tiempo, el Gobierno ha decidido saquear aún más los pilares del Estado Social y proclama el desmantelamiento de la Educación Pública con una nueva notificación de recorte de 3.000 millones de euros más en Educación, desviando su financiación para seguir rescatando a bancos y entidades financieras causantes de la crisis actual.
Todo esto, como decimos, añadido a los brutales recortes que el gobierno del PP ya ha llevado a cabo en nuestra comunidad y que sería difícil destacar en su conjunto de nuevo: reducción en el número de profesores contratados y lentitud planificada en las
sustituciones con la repercusión negativa sobre los alumnos; supresión de los CEP; fuertes restricciones en servicios de transporte y comedor; Eliminación del compromiso de dedicar no menos del 6% del PIB a la educación regional; cierre de aulas unitarias o desaparición de proyectos de innovación, por mencionar una pequeña parte del total de medidas de recorte.
Porque no nos olvidemos que el dinero, como la energía, ni se destruye ni desaparece, sólo se desvía a otros bolsillos o a otras financiaciones, en este caso. No tenemos menos riqueza en este país ni menos recursos que hace cinco años, pero parece que las artimañas financieras han conseguido endeudarnos multimillonariamente y que ahora tengamos que dedicar nuestro trabajo y esfuerzo continuado a pagar deudas a bancos y entidades financieras a los que hemos rescatado recientemente.
Si hay dinero para rescatar a bancos y no para educación o sanidad es que nuestro Gobierno está destinando nuestros impuestos a esos bancos y no a financiar los pilares básicos del Estado Social. Esta es, no una decisión económica, sino una decisión política. Dónde destinar el dinero de los contribuyentes. Y nuestros dirigentes han hecho una apuesta clara, aprovechando la “oportunidad” que les ha brindado la crisis para justificar el expolio del Estado de Bienestar.
Es una estrategia claramente diseñada y acorde con los principios y creencias
neoliberales del Partido Popular: “Menos Estado, Más Mercado”. Puede dar la
impresión de improvisación, de medidas a la desesperada, sin planificación ni visión de
futuro, por sus continuos desmentidos o contradicciones en cuanto a la oportunidad
mediática de sus puestas en escena, pero está claro que es una campaña que se está
poniendo en práctica de una forma sistemática y global.
La estrategia ha sido evidente. Primero utilizar los feudos fuertes del PP, las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia y Murcia, donde han ensayado buena parte de las medidas de recorte a la educación pública y potenciación de las medidas de privatización. Laboratorios “controlados” donde han evaluado la resistencia a sus políticas. Han pisado el acelerador a fondo recortando plantillas, presupuestos para el funcionamiento de los centros, salarios, oposiciones, tutorías y actividades complementarias, mientras aumentaban ratios de alumnado por aula, jornada laboral y horarios lectivos del profesorado, concertaban centros privados de élite o hacían conciertos generalizados en etapas no obligatorias.
Después han presentado unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 donde anuncian un recorte a mayores en Educación del 21,9%, es decir, 623 millones de euros menos que el año pasado. Cabe recordar que el año pasado, con el PSOE en el Gobierno, ya se recortó el presupuesto para educación un 7,3% respecto al ejercicio anterior. Este nuevo recorte presupuestario para 2012 supone la eliminación de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la desaparición de la formación permanente del profesorado, el recorte sustancial en becas, en Enseñanza Superior, en I+D+i, en Secundaria, en Bachillerato, en FP, en Escuelas de Idiomas o el recorte del 66% en las transferencias a la CCAA. Sumados estos recortes a los que ya han hecho las Comunidades Autónomas, los presupuestos para la educación han sufrido un saqueo de 3.400 millones de euros en los dos últimos años, a lo que habrá que agregar los recortes que harán las comunidades sin presupuestos aún aprobados, como es nuestro caso. A lo cual hay que añadir, a su vez, que la Universidad pública española ha perdido unos 370 millones de euros desde 2010, algo más de un 5%. El recorte para la UCLM ha sido de 53 mill. de euros. En un contexto en el que en los colegios e institutos españoles hay 320.000 estudiantes más que hace dos años y unos 200.000 más en las universidades.
Por último, anuncian, en el tercer párrafo de una nota de prensa colgada en la web de Presidencia sólo seis días después del recorte de los Presupuestos, que van a recortar 10.000 millones más en Educación (3.000) y Sanidad (7.000), argumentando que la finalidad es ahorrar evitando duplicidades en los Ministerios de Educación y Sanidad. Las líneas de ataque a lo público con este nuevo recorte profundizan en la misma dirección según las medidas anunciadas por el Ministro de Educación: aumento de horas lectivas del profesorado así como la ratio de alumnado por aula, incremento de tasas de grado y máster, etc.
Al margen de las críticas, porque nadie del Gobierno está dispuesto a dar la cara para “quemarse”, o por los continuos “patinazos” en materia de coordinación y comunicación, lo cierto es que las medidas que se están tomando van en una clara dirección: desmantelar la Educación Pública, con la excusa de “calmar a los mercados” que parecen siempre insaciables. Lo cierto es que, con estas medidas, ya estamos intervenidos pero sin haber sido “rescatados”. El Gobierno de Rajoy está aplicando las medidas a la griega pero sin la excusa del rescate europeo.
No nos engañemos. Estos son los planes de ajuste que nos esperan de gobiernos que han sido asaltados por ese 1% que controla los bancos y las grandes fortunas. Amnistía fiscal para los que defraudan grandes fortunas, recortes y ajustes para la población que paga los impuestos; rescate y refinanciación con esos impuestos para los grandes bancos y entidades financieras causantes de la crisis, planes de ajuste y desmantelamiento del Estado Social y los servicios públicos para la ciudadanía en Ayuntamientos, Educación y Sanidad; reformas laborales a favor de la gran patronal y paro y precariedad para los trabajadores y trabajadoras. Es por tanto ésta una medida consecuente con su estrategia y su apuesta por menos Estado y más mercado, menos derechos sociales para el 99% y
más especulación y beneficios para el 1% de los muy ricos.
Estas son sus creencias y su religión. Una teología fundamentalista que pretende reducir a algo residual y subsidiario todo lo público, lo que suponga solidaridad compartida, bien común. El problema es que esta reactualización fundamentalista de la ética protestante del capitalismo en Educación es arrancar las páginas donde se escribe el futuro de la sociedad. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados.
