Tomás Ballesteros Escudero. Maestro de la Escuela Pública.– Al Consejero de Educación de Castilla-La Mancha le falta arzón. Envía un “mensaje de tranquilidad” a todos los sectores educativos porque, “pese a la situación heredada, la educación de nuestros hijos está a salvo”. Vamos a analizar como la pone a salvo.
Van a desparecer múltiples programas educativos; no se van a implantar los nuevos ciclos formativos de Formación Profesional ni los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial. Se suspenden numerosos servicios educativos. En Castilla-La Mancha ya se han cerrado 32 de los 33 centros de profesores que había en la Región; no se cubren las dos primeras semanas de las ausencias por baja por enfermedad o por cualquier otro motivo del profesorado; no van a autorizar permanecer en activo al personal mayor de 65 años y su jubilación forzosa, cuando hasta ahora podían permanecer en activo hasta la finalización del curso escolar en el que cumplían los 70 años.
Reducen el gasto por profesor procediendo a la disminución de las retribuciones del profesorado. El recorte más importante ya se produjo en mayo de 2010 por el anterior Gobierno. En el colectivo docente supuso una reducción salarial de entre el 5,5% y el 7,5%, según cuerpos, antigüedad y puesto de trabajo. Todo ello, ha supuesto una reducción remunerativa media a cada profesor cercana al 10%, sin tener en cuenta la añadida congelación salarial de los años 2011, 2012 y la previsible de 2013. Otros recortes retributivos generalizados añadidos: el 3% en Castilla-La Mancha. La desaparición de algunos complementos (tutorías, coordinaciones, complementos de maestros en la ESO y otros complementos personales).
La anulación de los complementos en caso de incapacidad temporal del personal docente integrado en el Régimen General de la Seguridad Social; la reducción del coste del personal interino con la finalización de sus nombramientos el 30 de junio sin prórroga vacacional. En la mayoría de las Comunidades Autónomas se venía prorrogando el verano completo a aquellos interinos e interinas que completaran cinco meses y medio durante el curso escolar inmediatamente anterior; la reducción o desaparición de las ayudas para la formación permanente del profesorado.
La ya anunciada modificación de la normativa sobre las retribuciones del personal funcionario integrado en el Régimen de Clases Pasivas y MUFACE en situación de incapacidad temporal, durante los tres primeros meses en dicha coyuntura de baja. Y escriben sin pudor alguno en documentos públicos para justificar la medida que “el fin de la reforma es reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos”. Traduciendo: el maestro que se dé el gustazo de ponerse enfermo cobrará 600 € al mes mientras le dure esa situación de catarsis de felicidad y además evitará daños morales a sus compañeros que lo han de sustituir.
La reducción del número de profesores que efectivamente están en los centros públicos saldrá de la casi desaparición del colectivo de interinos en muchas especialidades y del no ingreso, ya sea como funcionario de carrera o como personal eventual, de nuevo profesorado. Aquellos jóvenes que están recién titulados o que están terminando estudios cuya salida profesional es la enseñanza están condenados al desempleo absoluto durante muchos años. El Gobierno sigue previendo para los próximos años una tasa de reposición del 10%, lo que supone una escasísima entrada de efectivos en el colectivo docente. Y si los efectos no son mayores es por el gran número de enseñantes que están jubilándose en cuanto cumplen los requisitos para ello. En el primer trimestre de 2012 se han jubilado un 49% más de funcionarios integrados en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que en el primer trimestre de 2011.
En los centros y especialidades en los que no haya profesorado interino se provoca el desplazamiento y la supresión de los destinos de numerosos funcionarios docentes, que serán removidos de los que actualmente ocupan y que tendrán que iniciar el siempre penoso procedimiento para obtener un nuevo destino. Es el caso de los profesores de Educación Infantil de todos los centros de la Región que han sido suprimidos. Ello generará un importante malestar entre los afectados y una inestabilidad muy perjudicial para el servicio educativo.
En el apartado de gastos de funcionamiento de los centros, no sólo se han recortado drásticamente, sino que aún no se han transferido a los centros los gastos del presente curso, ni lo que se debe de los anteriores.
Ellos están con los más débiles: suprimen la gratuidad de los libros de texto y la inversión en becas, cuyo recorte real podremos ver en las próximas convocatorias; aumentan las tasas universitarias y así defienden que quienes menos recursos tengan puedan seguir accediendo a la Universidad.
El Consejero en su “mensaje de tranquilidad” a todos los sectores educativos, en el que reitera que “a ningún niño de esta región le va a faltar un pupitre, un profesor y una escuela”, no explica que se carga la escuela rural por lo que muchos pueblos se van a quedar sin escuela. El pupitre, el maestro y el colegio estarán a varios kilómetros de distancia. ¿Sabrá lo que eso supone para el medio rural que tanto dice defender? El alumnado tendrá que utilizar el transporte escolar más tiempo del necesario. Sin olvidar que suprimen transporte escolar en las etapas no obligatorias. Además eliminan la educación básica de adultos en toda la Región. Todos los niños van a tener un puesto escolar aumentando las ratios en un 20%. Es una medida gravísima para la sociedad y la calidad del sistema educativo. La reducción de unidades, y la consiguiente de maestros y maestras, no será inferior al 6%, lo que supondrá una pérdida de gran número de profesores en Castilla-La Mancha. Con estas medidas reducen el acceso a la educación pública y gratuita en igualdad de condiciones de todas las personas, cercenando principios como la equidad, compensación de desigualdades o la inclusión.
Afirma el poco ínclito consiliario: “Estamos abiertos a escuchar todas las propuestas que sean necesarias para mejorar y ampliar esas infraestructuras educativas y las necesidades que puedan surgir, porque este es un Gobierno que da la cara y no se esconde”. Un consejero que no negocia con los agentes educativos otras alternativas, y no para de imponer unilateralmente medidas ineficaces y perjudiciales para el conjunto de la sociedad zafándose tras el Diario Oficial, a base de sorpresivos decretazos pergeñados en la soledad de su despacho. Hace estas declaraciones ante un alcalde, el de Alcázar de San Juan, que consiente que su gurú educativo cancele la construcción en su ciudad de un colegio público financiado al 80% por la Unión Europea a cambio de la construcción de un privado “de excelencia”, “por su dedicación para lograr las mejores infraestructuras educativas en los municipios”. Privatizamos centros para que sigan siendo públicos, escorzo intelectual sin precedentes.
Éstos son los defensores de la enseñanza pública, gratuita y de calidad.
Y remata el docto castrense educativo: “los castellano-manchegos tienen muy claro a estas alturas quién es el responsable de que la educación esté en ruinas y quién está garantizando la escolarización y asegurando la educación de nuestros hijos”. Pues bien ahí van algunos datos para el Gran Guía: Esta Región cuando recibió las transferencias educativas partía en una clara inferioridad de recursos humanos y materiales respecto a la media española. Se convirtió en la Región que más invertía en enseñanza pública de todo el Estado; fue la primera Región en garantizar la gratuidad de libros de texto; la dotación de recursos informáticos nos puso en la punta de lanza de los sistemas educativos europeos; creó 195 centros bilingües, incorporó 14.000 profesores al sistema público; construyó 245 centros educativos y amplio 600; creó nuevas titulaciones universitarias como medicina, farmacia, arquitectura, traducción, etc. Se comprometió por ley a invertir el 6% del PIB en educación y, si de herencia hay que hablar, estos son los datos del despilfarro al que tanto les gusta recurrir. Una herencia sin déficit en educación. Un último dato: en los diez años de transferencias educativas se construyeron más colegios que en toda la historia de la Región. Y este olvidado trozo de España dejó de ser el último de la fila en servicios educativos.
Supongo que al señor marcial (sí, con minúscula), cuando entró en la sede de la Consejería de Educación le haría daño a la vista el lema que la presidía: “La Educación es la base de la igualdad”, aunque no sé yo si habrá ahí algún déficit de lectura comprensiva.
Éstos indocumentados, para garantizar la educación de nuestros hijos, para que tengan igualdad de oportunidades, han iniciado el proceso de demolición del sistema educativo que tanto esfuerzo ha costado construir. Mientras acaban con todo nos están demostrando lo que son: unos sinfuste*.
Para concluir, no puedo dejar de reflejar aquí lo expresado por Juan José Millás en un artículo reciente en “El País”: “Todo este programa reformador de gran calado no puede ponerse en marcha sin mentir, de modo que mentimos, sí, pero al modo de los novelistas: para que la verdad resplandezca. […] A nadie extrañe que para garantizar la libertad, tengamos que suprimir las libertades”.
*Emulando, humildemente, a Matías Martín el tertuliano inventor de palabras de “La Colmena”, regalo a los lectores esta palabra: “sinfuste”, dícese del que carece de fundamento de algo no material, como un discurso, una oración o un escrito.
