El palacete de la Cruz Roja de Ciudad Real y la maldición de la discordia

Este palacete está maldito. Amado por todos, pero por todos rechazado, el palacete modernista de la Cruz Roja de Ciudad Real, salvado de la piqueta hace seis años, es el continuo protagonista de irregularidades y enfrentamientos, mientras su actual propietaria, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, intenta desprenderse de él a toda costa.

Segundo intento para deshacerse del polémico edificio de la Cruz Roja de Ciudad Real. Después de la infructuosa subasta celebrada en febrero, el Gobierno regional vuelve a la carga con otra puja, convocada el 23 de julio, con un tipo mínimo de licitación de 2.320.800 euros, lo que supone una rebaja de 580.200 euros con respecto a precio de salida de la primera subasta.

¿Será suficiente para despertar el interés de los compradores? Se da la circunstancia de que ahora vuelven a repetirse las mismas irregularidades de febrero, y este segundo pliego tampoco advierte de las obligaciones a las que, en principio, debería estar sujeto el posible comprador.

Se escribe ahora otro incierto capítulo para este antiguo caserón, que es considerado como la máxima expresión del modernismo mediterráneo en Ciudad Real. El palacete, que ha esperado en vano su recuperación por parte de la administración pública, mira ahora a la iniciativa privada como gestora de su destino. La decisión del gobierno Cospedal implica la desvinculación pública del proyecto, y un reconocimiento implícito de que poco o nada puede hacer por él, salvo recuperar parte de la inversión “perdida” con su compra.

No obstante, esta nueva resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia la licitación de subasta pública puede, en principio, inducir a la confusión, ya que no advierte a los compradores de los condicionamientos a que podrían estar sujetos, en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.

Hay que recordar que el edificio cuenta con cierta protección patrimonial gracias a su inclusión en la Carta Arqueológica elaborada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, lo que obliga, teóricamente, a su inclusión en el Plan de Ordenación Municipal, y a una serie de estudios previos antes de cualquier actuación en la estructura.

Los expertos consultados por Miciudadreal.es consideran que en esta licitación la Junta debería haber advertido de los requisitos que la Dirección de Patrimonio podría exigir al comprador antes de tocar el edificio. De hecho, y en principio, las mismas fuentes opinan que es improbable que las autoridades culturales den luz verde a la demolición del inmueble para la construcción de bloques de viviendas. “Quien opte a la compra del edificio debe contar con los condicionantes que Cultura podría imponerle, y que vendrán dados por la previa elaboración de un estudio de valoración de afección del patrimonio histórico”, aseguran los expertos.

Y ahora, denuncias por “fraude funcionarial”

A todo esto hay que añadir la querella presentada este viernes por el Gobierno regional contra los socialistas María Luisa Araújo, quien fuera vicepresidenta del Gobierno de José maría Barreda; Soledad Herrero, ex consejera de Cultura; y Juan Cámara, ex presidente de del organismo público Gicaman; y Manuel Sánchez-Montañés, administrador de Promociones y Construcciones Aldea Fernández SL, empresa que vendió el edifico a la Junta.

El gobierno regional considera que estos tres antiguos cargos socialistas podrían haber incurrido en un delito de «fraude funcionarial» y una “elevación injustificada del precio de compra”, al adquirir el edificio por 4,5 millones de euros, precio que contrasta con los 3,35 millones que le costó el inmueble a la empresa cuando lo compró a la Cruz Roja.

Según informa el Gobierno regional, Gicaman adquirió de la Sociedad de Promociones y Construcciones Aldea Fernández el inmueble, con una superficie construida de 412 metros cuadrados, por un precio de 4.538.924 euros, cuando esa misma sociedad compró en el año 2006 a Cruz Roja el citado inmueble por un precio de 3.353.647 euros.

Por tanto, la querella explica que se incurrió en una elevación injustificada en el precio de compra del inmueble y que esa diferencia de más de un millón de euros carece de justificación. Además, el escrito recoge que en el mes de abril de 2007, José Fuentes Pastrana, entonces delegado de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, propuso a María Luisa Araújo que la citada sociedad permutara el inmueble a cambio de que la Junta le entregara tres edificios; una entrega que nunca llegó a realizarse.

Según la Junta, Gicaman adquirió el inmueble tras la aprobación del convenio entre la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Cultura y Gicaman, por parte del Consejo de Gobierno, para que allí se instalara la sede de la Delegación provincial de Cultura en Ciudad Real. En este sentido, se indica que el Consejo de Gobierno autorizó un gasto para dos años de 5.957.799 euros, que iba desde 2009 a 2016, a GICAMAN por el pago al edificio, «cuando esta aportación no se justifica».

Gastos que podrían haberse evitado

Estas cantidades, explica la querella, «responden a los intereses del préstamo que Gicaman firma con un banco y al beneficio que obtiene la propia Gicaman con ello cuando estos gastos podrían haberse evitado si la Junta hubiera adquirido directamente de los propietarios, sin establecer el artificio o fraude en la contratación”. Asimismo, el documento indica que la Junta encargó a Gicaman la compra del inmueble, «cuando podría haberlo realizado evitándose gastos injustificados que irían directamente a beneficio de Gicaman».

La querella también apunta que «en 2008 la Junta podría haber adquirido el inmueble sin necesidad de pagar las cuantías que no corresponden al precio de la compraventa y a los intereses del préstamo, puesto que cuenta con sus propios servicios de patrimonio».

En definitiva, la Junta de Castilla-La Mancha señala que «se podría haber cometido un fraude funcionarial tipificado en el Código Penal», señalando que «la autoridad o funcionario público que se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público incurrirá en las penas de presión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años».

Según la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, «el PSOE sobrevaloró inmuebles abandonados y derruidos derrochando de forma irregular y fraudulenta el dinero público”. La edil espera que en los tribunales se aclare «por qué se pagó un millón de euros más por un inmueble en menos de dos años, una muestra más de la política de despilfarro del PSOE en Castilla-La Mancha; es una vergüenza”.

El anhelo ciudadano

La historia de este edificio es el paradigma de los dispares caminos por los que transitan la Administración pública y los deseos ciudadanos. Hace ya casi seis años que la casa fue salvada de la piqueta, in extremis, gracias a la movilización ciudadana que abanderaron el Círculo de Bellas Artes, Monumenta Ciudad Real y Restaura Manzanares. Todas las administraciones se habían desentendido de él cuando la Cruz Roja lo vendió a un constructor que pretendía construir un bloque de pisos.

Numerosos ciudadanos se manifestaron el mismo día en que las máquinas habían empezado a destejar el inmueble. Miguel Ángel Muñoz, representante de la asociación Monumenta CR, y Alberto Muñoz, entonces presidente del Círculo de Bellas Artes de Ciudad Real, lideraron una campaña reivindicativa que incluyó la elaboración de un manifiesto, recogida de firmas y el envío de cartas al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, entre otras instituciones. Los internautas también representaron un papel importante en defensa de la conservación del monumento, sobre todo en foros como el de miciudadreal.es

La presión de las asociaciones y el eco de los medios de comunicación pusieron en conexión a la administración regional y local. Las elecciones locales de 2007 estaban a la vuelta de la esquina, y la Junta adquirió el edificio. No obstante, una vez realizadas las mínimas labores de reparación y mantenimiento que evitaran el derrumbe del edificio, el Gobierno regional lo relegó al olvido.

Poco después, el Círculo de Bellas Artes de Ciudad Real presentó un proyecto del artista Pablo Rivera Codina para convertir a la sede de la Cruz Roja en un centro cultural al servicio de la expresión ciudadana. Esta idea no fue estimada favorablemente por la Junta de Comunidades.

La casa, de estilo modernista, fue edificada a principios del siglo XX por encargo de la adinerada familia López, aunque posteriormente fue usada como academia de estudios hasta su adquisición por Cruz Roja, en 1972. Esta circunstancia, unida a que el palacete estaba considerado como monumento en algún catálogo de bienes municipales de la época, permitió que la construcción sobreviviera a la prácticamente absoluta aniquilación que sufrió el patrimonio histórico-artístico de Ciudad Real durante las décadas de los 70 y 80.

El “ferroviario”, también a subasta

Por otra parte, la Junta de Comunidades también ha puesto a subasta uno de los edificios más bellos de la capital, el antiguo Colegio Ferroviario, cuyo precio de salida está estimado en 2.108.112 euros.