Se respira inquietud entre los funcionarios de las oficinas de Empleo de la provincia de Ciudad Real. Temen verse desbordados por el incremento imparable del paro y el previsible despido de interinos. Además, prevén conflictos y agresiones derivadas de las nuevas condiciones de la reforma laboral y de la «dura y compleja labor» de la persecución del fraude.
Así lo ha denunciado el sindicato CSI·F, que considera «grave» situación por la que atraviesan los empleados de las Oficinas del Servicio Público de Empleo, antes INEM, en la provincia de Ciudad Real, «ya que a la excesiva carga de trabajo ordinaria que padecen, y que se incrementa día a día por el aumento del paro, se une su preocupación por el previsible despido de interinos y la dura y compleja labor de la persecución del fraude, que existe y ha quedado demostrado en multitud de ocasiones».
CSI·F expuso en una reciente reunión que mantuvo con el nuevo Subdelegado de Gobierno de Ciudad Real las carencias y problemática actual de los organismos de la Administración General del Estado en la provincia, e incidió especialmente en el problema de las oficinas de Empleo.
Según el sindicato, «en la provincia de Ciudad Real la carga de trabajo se ha incrementado de una manera descontrolada y aún lo va a hacer más con la denominada liberalización del mercado de trabajo, como consecuencia de la última reforma laboral que lleva implícito un gran aumento de la movilidad laboral y de la utilización de las prestaciones de desempleo». «Esto ha provocado que surjan conflictos e incluso en algunos casos agresiones al personal empleado en estas Oficinas, donde no existen servicio de vigilancia», advierte.
Este «desalentador panorama», según CSI·F, «puede agravarse aún si se encomienda a las oficinas la dura y compleja labor de la persecución del fraude que existe y que CSI·F ha denunciado varias veces, lo que agravaría más la conflictividad social y provocaría un clima de tensión y de estrés que debería soportar el personal de la Administración General del Estado y que en muchos casos derivaría en problemas de salud laboral y de procesos de incapacidad temporal».
Ante esta «grave situación», CSI·F exige que se incremente la plantilla y que se dote de servicio de vigilancia con miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, «al igual que en otros muchos organismos», ya que «si se quiere ofrecer servicios de calidad a los usuarios y existe una política de recortes y de limitación del gasto, es necesario controlar y vigilar el fraude, pero no a costa del personal y de su salud».
Anda no os quejéis tanto, que nuestra alcaldesa con el Impefe ya lo va a solucionar. Ya en serio, espero que vuestras quejas sean oídas y tenidas en cuenta. Un saludo
Éstos funcionarios privilegiados siempre quejándose, hay que ver lo desconsiderados que son…¡¡¡, .. espero se entienda mi ironía..