La coordinadora regional de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, la toledana Rafaela Alonso, ha remitido una carta al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, con motivo de la reforma sanitaria que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial de salud de mañana, 18 de abril. En la misma, la organización pide al consejero que no apruebe ninguna decisión hasta que seasegure que no se vulneran obligaciones internacionales de derechos humanos.
AI CLM, que integra a los grupos locales con presencia en las cinco provincias de la región, explica al consejero que “en los últimos meses, organizaciones profesionales han alertado de que la crisis económica y los recortes presupuestarios están afectando de manera preocupante en Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha y algunos sindicatos médicos han alertado de que los recortes de personal en algunos hospitales de Castilla-La Mancha y Andalucía y centros de atención primaria en Valencia podrían estar mermando la calidad de los servicios prestados”.
Amnistía Internacional muestra su preocupación por estas informaciones y recuerda al responsable de la sanidad regional que le corresponde al Estado demostrar que las reducciones de gasto público sanitario no están afectando a la calidad de las prestaciones e incluso el propio acceso a la atención sanitaria.
Amnistía Internacional le insta aque en el marco de la próxima reforma sanitaria no apruebe ninguna decisión hasta que se asegure que no se vulneran obligaciones internacionales de derechos humanos, adoptando para ello, las siguientes medidas:
– Actualización y publicación de datos desagregados relativos a indicadores de derechos humanos (número de camas hospitalarias, de profesionales de la salud por hospital, entre otros) que permitan conocer la situación actual de la sanidad y evaluar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud por parte de las autoridades. El Relator Especial sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de Naciones Unidas ha señalado que antes de abordar un proceso de planificación sobre los sistemas de salud, las autoridades deben llevar a cabo un análisis de la situación sanitaria basado en datos adecuadamente desglosados. Amnistía Internacional lamenta que los últimos datos oficiales publicados del Ministerio de Sanidad datan de diciembre de 2010.
– Demostrar que las medidas se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles. El Relator Especial sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de Naciones Unidas estableció que una consecuencia derivada de esta obligación es la necesidad de mantener como mínimo el nivel actual de disfrute de derecho a la salud que exista en un Estado.
– Asegurar que ninguna medida comprometa los elementos esenciales de este derecho, como son la calidad, la disponibilidad de los servicios de salud para todas las personas sin discriminación y la accesibilidad a los mismos, tanto física como económica.
– Previamente a la adopción de cualquier medida, elaborar y publicar un análisis sobre el potencial impacto adverso que las medidas de reducción presupuestaria podrían tener sobre el derecho al más alto nivel de salud, especialmente sobre los grupos en situación de vulnerabilidad social, y las consecuencias diferenciadas que podrían producirse en función del género y la edad.
– Establecer mecanismos para garantizar la información y consulta efectiva de todos los sectores de la sociedad con el fin de garantizar la participación en cualquier reforma de las políticas de salud.
Asimismo, Amnistía Internacional muestra su preocupación por los drásticos recortes que afectarán al Plan Nacional sobre el SIDA, y por el hecho de que las operaciones de cambio de sexo y las inseminaciones artificiales podrían no incluirse en la cartera básica de servicios de salud. Aspectos todos ellos que podrían afectar de manera desproporcionada al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
