A continuación publicamos íntegra la declaración de los presidentes autonómicos y regionales del Partido Popular, tras la reunión presidida por Mariano Rajoy, en la sede nacional del Partido Popular.
Los Presidentes de Gobierno y del Partido Popular en las Comunidades Autónomas reafirmamos nuestro compromiso de apoyar y aplicar las políticas económicas y sociales que logren, para el conjunto de España, volver a la senda de crecimiento y creación de empleo.
Somos conscientes de que sólo el aumento de la actividad económica y de la ocupación garantiza la viabilidad de unos servicios públicos y un estado de bienestar de calidad.
Por ello consideramos que la única forma de reconducir la actual situación, una crisis que afecta a todo el territorio nacional sin excepciones, es recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y las reformas económicas que mejoren la competitividad y adaptabilidad de nuestro país.
El déficit público dificulta el acceso a la financiación, hipoteca el presente y el futuro, y restringe el crédito a las empresas y familias. Un país muy endeudado tanto en su sector público como en su sector privado no puede endeudarse más y sobre todo no puede generar desconfianza en aquellos que nos han prestado y han apostado por la economía española.
En este sentido la reforma consensuada entre las dos grandes fuerzas políticas del artículo 135 de la Constitución Española ha incorporado a nuestra Norma Básica los principios de estabilidad presupuestaria, la limitación del déficit público estructural y de la deuda pública, como garantía de la viabilidad financiera de los servicios y prestaciones públicas que componen nuestro Estado de Bienestar.
Por ello, ha llegado el momento de acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan. Se trata de usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a disposición de todas las administraciones.
Los Presidentes de Gobierno y del Partido Popular en las Comunidades Autónomas nos comprometemos, pues, no sólo a reducir el desequilibrio en las cuentas, sino a hacerlo mediante la modernización de la gestión y la clarificación de las competencias de las distintas administraciones.
Es necesario, por tanto, eliminar las duplicidades existentes de forma que cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración. El ordenamiento de las competencias debe llevar a la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las Corporaciones Locales, a la desaparición de las actuaciones concurrentes de las distintas administraciones y a la sujeción de las transferencias al ámbito estricto de los modelos de financiación autonómica y local.
Asimismo, los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso, se evite su abuso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos. El Estado con su normativa básica y las Comunidades Autónomas con su normativa de desarrollo y sus competencias de ejecución harán efectiva esta mejora de la gestión y de la eficacia del dinero público.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, consideramos imprescindible la aplicación inmediata a su entrada en vigor de los preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Ambas normas suponen un estricto marco de vigilancia multilateral y de responsabilidad personal de los gestores públicos, el más estricto de Europa, que vela por el ineludible cumplimiento de las obligaciones.
Todas las administraciones deben asumir, pues, la obligación de realizar y cumplir estrictamente, en su caso, los planes económico-financieros y los planes de ajuste exigidos por las normas de estabilidad. Y todas a su vez proveerán toda la información necesaria para un seguimiento exhaustivo y mensual del cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Los presupuestos de cada Comunidad Autónoma deberán estar ajustados a los Presupuestos Generales del Estado.
De acuerdo con el principio de lealtad institucional, la Administración General del Estado se compromete a no regular o imponer obligaciones de gasto a las Comunidades Autónomas sin que vayan acompañadas de la adecuada financiación.
En cuanto a las reformas económicas, los Presidentes de Gobierno y del Partido Popular en las Comunidades Autónomas consideramos necesario hacer más productiva y competitiva a nuestra economía. Es un requisito esencial para la recuperación económica y la creación de empleo. Por ello, cada administración, en el ámbito de sus competencias, aplicará todas las medidas que permitan disminuir los costes empresariales y mejorar la calidad-precio de los productos y servicios españoles.
Para ello se desarrollará de forma conjunta una normativa sobre unidad de mercado, que elimine las barreras a la inversión y comercialización de bienes y servicios, se harán más transparentes las compras públicas y se eliminarán las regulaciones innecesarias o costosamente diferenciadas.
También se dedicará el mayor esfuerzo a la reducción de los costes energéticos, a la eliminación de cargas administrativas a las empresas, y a facilitar la financiación de los proyectos empresariales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
España siempre ha superado las crisis económicas a las que se ha enfrentado. Los gobernantes del Partido Popular son conscientes de la gran responsabilidad que pesa sobre ellos. Y por ello respaldan y se reafirman su voluntad de aplicar estas políticas de reordenación de nuestra economía, sabedores de que es la mejor apuesta por el futuro y por la confianza en nuestro país.
