El Pleno ordinario correspondiente al mes de abril destacó por los escasos puntos a tratar en el orden del Día. Con horario de verano, la sesión, que duro dos horas y media, aprobó la nueva forma de acceso a las naves y oficinas de los Centros de Empresas. Las dos mociones presentadas por el Partido Socialista, fueron rechazadas por la mayoría del equipo de Gobierno.
Daimiel Noticias.- Con tan solo cinco puntos en el Orden del Día, dos de ellos debatidos a la misma vez, el Pleno se centró en las dos mociones presentadas por el Partido Socialista y en el largo turno de ruegos y preguntas realizados por los grupos de oposición.
Dos de los puntos del Orden del Día fueron debatidos a la misma vez. Se trataba de la modificación de las condiciones de acceso a las naves y oficinas del centro de empresas. Las nuevas condiciones vienen motivadas, a su vez, por la modificación de la Ley de Emprendedores. El concejal de Promoción Económica, David Gómez-Cambronero, indicaba que “lo que pretendemos es llenar las naves y oficinas que están vacías”. Para ello se ha modificado el precio de naves y oficinas, además de facilitar el acceso a las mismas a empresas consolidadas “que necesiten ayuda en un momento determinado”, así como se amplía el disfrute de las mismas hasta 24 meses para los emprendedores.
Izquierda Unida y Partido Socialista coincidieron en que les parecía mucho tiempo el tope de 24 meses, y mantuvo sus reservas en el concepto de “empresa consolidada”. El Equipo de Gobierno, sin embargo, aceptó la propuesta de la coalición de izquierdas para subvencionar en un 50% la instalación de empresas u ONG’s que se adscriban a la emprendeduría social. Este tipo de empresas revierten parte o todos sus beneficios en la sociedad y no tienen ánimo de lucro, según explicaba el portavoz de IU, Juan Julián Rodríguez de la Rubia. Izquierda Unida votó favorablemente tanto a la propuesta de modificación de naves como de oficinas.
Por su parte el Partido Socialista se abstuvo en ambos casos. Cristina Maestre mostró su desacuerdo en que haya naves u oficinas destinadas a empresas consolidadas “dado que en estos tiempos donde se genera poco empleo, el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo por fomentar el autoempleo”. También se mostró en desacuerdo por el traslado de los técnicos de Promoción Económica de los Centros de Empresas al Espacio Fisac, en el centro de la ciudad “dado que el empresario lo que quiere es tener al asesor lo más cercano posible”. Maestre adujo que entendía la rebaja del precio de las oficinas “por quitar este servicio de cercanía al empresario”.
En este punto, Gómez-Cambronero deslindó cualquier relación entre el traslado de los técnicos y el precio de las oficinas y naves “porque se va a dar el mismo servicio, pero en el centro de Daimiel”, además de que “ahora siempre hay alguien en la oficina de Promoción Económica, y antes era más complicado al estar separadas las dos técnicas y tener que realizar diversas gestiones diarias”.
Dos mociones rechazadas
El Partido Socialista presentó dos mociones al Pleno de abril, y en ambos casos era para realizar peticiones al Gobierno regional de María Dolores Cospedal. La primera era relativa a solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que no promueva ninguna formula de copago en el ámbito sanitario público; y la segunda a instar a ese mismo Gobierno a que no se produzca ningún tipo de recorte en políticas dirigidas a personas mayores.
En la relativa al copago, Cristina Maestre indicaba que presentaba esta moción “porque preocupa a los ciudadanos” dado que “el Gobierno central muestra tibieza ante el copago aprobado en Cataluña con la abstención del Partido Popular”. Para la portavoz del PSOE la sanidad de Castilla-La Mancha es de gran calidad, se hace un uso responsable de la misma y si se adopta el copago “los más perjudicados serán las personas más vulnerables”.
El portavoz de Izquierda Unida, Galo Sánchez-Bermejo, que votó a favor de las dos mociones presentadas, subrayaba que “con el copago, o como se llame, se está pagando dos veces por un servicio”. Expresaba sus dudas de que el dinero recaudado “se invierta en sanidad”, y reivindicó lo público en tiempos de crisis, “porque lo privado sólo busca el beneficio”.
Por su parte la portavoz del Equipo de Gobierno, María Dolores Martín de Almagro, describió la moción como “moción multiusos, porque sirve para cualquier pueblo de la Región” y criticó a la portavoz socialista “que sólo traiga a Pleno asuntos regionales en consonancia con su nuevo cargo en el Partido Socialista”. La acusó de “meter miedo a la gente” y le espetó a que “arrime el hombro por Daimiel en vez de preocuparse por temas regionales”, para insistir en que la situación económica “puede hacer peligrar hasta a la Seguridad Social”.
Cerró el debate el alcalde, Leopoldo Sierra, que argumentó la negativa de su grupo a votar a favor de la moción en el hecho de “el Gobierno regional no ha puesto este asunto sobre la mesa”. Subrayó que con esta moción se hacía flaco favor a jubilados y pensionistas “porque se genera incertidumbre en la sociedad”, y afirmó con contundencia que “si se abre este debate será por una situación insostenible de la economía”. El Alcalde subrayaba también el compromiso del Partido Popular “con una sanidad pública, gratuita y universal en Castilla-La Mancha, donde hay grandes profesionales”, añadía.
En cuanto a la segunda de las mociones, maestre basó sus argumentos en ARTECAM, (la patronal de las residencias de la Tercera Edad en Castilla-La Mancha) “ha denunciado las intenciones del Ejecutivo Autonómico de reducir en un 40% los recursos económicos destinados a los centros residenciales para personas mayores”. Maestre también indicaba que “el consejero ha dicho que se va a reducir el 10% de las plazas en residencias”, con lo que mostraba su preocupación “por la atención que fueran a recibir las personas dependientes, la propia aplicación de la Ley de Dependencia, la destrucción de puestos de trabajo y la imposibilidad de acceder a una residencia por motivos económicos a muchas familias”.
Izquierda Unida criticó al PSOE en que “abrió el melón de la privatización de los servicios públicos”, aunque coincidía con los socialistas en “que se van a reducir las plazas en un 10% y la aportación económica de la junta a las residencias, lo que generará desempleo”. Juan Julián Rodríguez de la Rubia defendía lo publico “con recursos de calidad, no ayuda asistencial básica. No queremos limosna”.
La concejal de Servicios Sociales, Carmen Torija, volvió a incidir en la idea de que el Partido Socialista “trae mociones de carácter regional para alarmar a la gente más vulnerable”, y añadió que “en ningún sitio se ha publicado que se vaya a reducir en un 40% la asignación del Gobierno regional a las residencias de mayores”. Torija recordó el retraso en los pagos del Gobierno de Barreda a las residencias “ya que aprobó 67 millones de euros en diciembre de 2010 para pagar a residencias. Luego tuvo que pagar el Gobierno de Cospedal porque el de Barreda no lo hizo”. La concejal aseguró que “a los dependientes de Daimiel no se les ha tocado en nada”.
Ruegos y preguntas
El turno de ruegos fue bastante amplio. Desde la oposición se pidió desde que se colgaran en la web municipal las líneas maestras del presupuesto municipal, hasta que se adecenten las vías de entrada al municipio debido a las buenas previsiones de turistas tras el artículo aparecido en la portada de El País acerca del buen estado de las Tablas. Entre medias, se pidieron rectificaciones por declaraciones en rueda de prensa en donde se pudo haber entendido que tanto PSOE como IU votaron en contra de la remodelación de la Plaza de María Cristina, cuando realmente se abstuvieron. El alcalde, además, advirtió que dichas obras “se realizarán siempre que haya consenso entre los tres grupos políticos, ya que es una acción de gran envergadura”.
El PSOE rogó la rectificación de la portavoz del equipo de Gobierno, María Dolores Martín de Almagro, porque entendían que había ofendido a la portavoz socialista Cristina Maestre. El ruego no fue atendido por entender el equipo de Gobierno que no hubo tal ofensa ni falta de respeto.
En cuanto a las preguntas, el concejal de Medio Ambiente, Gregorio Díaz del Campo, contestó que se habían sancionado a varias industrias locales por vertidos contaminantes “con arreglo a la normativa vigente, realizada la pertinente analítica y determinación de la carga contaminante”. Asimismo indicó que “se estará vigilante y si se reincide, se actuará en consecuencia”.
La cuestión que más interés suscitó por parte de los grupos de oposición fue la apertura de la carpa “para realizar allí el botellón”. Ambos grupos expresaron críticas por no haber sido informados, algo que negó el concejal de Festejos, David Gómez-Cambronero, dado que “se informó antes de salir en los medios de comunicación, y si no se hizo en el Pleno anterior fue porque toda la negociación pendía de un hilo”.
Gómez-Cambronero ratificaba que el parque de San Isidro permanecerá cerrado los viernes y sábados “para que no se produzca el botellón” y subrayaba que “durante el pasado fin de semana no ha habido botellón en ningún barrio de la ciudad”. Insistió a su vez que se va a redactar una ordenanza para prohibir el consumo de alcohol en la calle. Del mismo modo el concejal reiteraba que “esta actividad en la carpa es provisional, hasta que podamos hacer la zona de ocio con todos los grupos políticos”.
Por último la concejal de Servicios Sociales, Carmen Torija reconoció que “debido al ruido que se produce en el Centro La Motilla, producido por el Taller de Batería, el traslado de servicio de Logopedia no se va a realizar, por lo que se seguirá desarrollando en el edificio de Servicios Sociales”. Torija informó que se quería trasladar “para ahorrarnos el mantenimiento de un edificio que sólo abre por las tardes para ese servicio, y la Junta ya no sufraga ese mantenimiento”.
