IU de Valdepeñas avisa al Gobierno socialista del Ayuntamiento de Valdepeñas de que no apoyará un plan de ajuste que recoja nuevos despidos o recortes sociales y en los servicios públicos, además, ha catalogado el plan de pago a proveedores del Gobierno de España de «intervencionista» y «engañoso», de una nueva “estafa” al municipalismo.
El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de Valdepeñas, Gregorio Sánchez, que ha criticado el Real Decreto Ley 4/2012 para el pago a proveedores impuesto por el PP, planteara esta situación en la Junta de Portavoces convocada para el próximo lunes día 19.
Según Sánchez, se trata de «una intervención directa y técnica a la administración local, con el único fin del equilibrio presupuestario, obviando el déficit estructural, obligando a que los ayuntamientos paguen antes las deudas con la Banca y las grandes empresas y relegando a un segundo plano los servicios ciudadanos de naturaleza pública, especialmente la educación, servicios sociales, seguridad ciudadana, etc.»
El portavoz municipal de IU ha manifestado que el crédito se debe pagar en diez años (dos años de carencia y ocho de pago en intereses y amortización), «lo que significa el estrangulamiento económico del Ayuntamiento, al que deja sin ningún margen de maniobra para poder acometer nuevas infraestructuras o prestar servicios públicos».
Por ello, han sentenciado que IU no va a apoyar de ninguna manera un plan de ajuste que conlleve una modificación sustancial en el Capítulo de Personal, «ya muy mermado en servicios sociales, educación, seguridad ciudadana o que no cuente con el consenso de los sindicatos, que son quienes representan a los trabajadores del Ayuntamiento».
Izquierda Unida ha señalado que el Decreto-Ley, aunque presentado ante la opinión pública como una medida de carácter general que promoverá el pago de las diferentes deudas que mantienen los ayuntamientos con proveedores y empresas, cuando en realidad serán las grandes empresas las que se lleven un porcentaje muy elevado de esos pagos, siendo los autónomos y pequeñas empresas los que mayores dificultades tendrán para cobrar sus facturas, por el efecto de la “quita”.
Por último, IU ha aseverado que este Decreto podrá facilitar la extinción de las deudas con empresas, pero no se responsabiliza de garantizar los servicios públicos municipales, por lo que su aplicación va a suponer un aumento de las tasas o precios de los servicios públicos o la reducción de los mismos, lo que hace más necesario que nunca abordar de forma inmediata nueva financiación de las Haciendas Locales.
