Celia Cámara, coordinadora de UPyD en Castilla La Mancha, asegura que la política «carente de rumbo y oportunista» que nos ofrecen en materia hidráulica tanto el PP como el PSOE, pone a Castilla la Mancha en una difícil situación que requiere ideas y soluciones inmediatas, máxime en el contexto de sequía en el que nos encontramos y que amenaza con agravar la ya difícil situación de Castilla La Mancha.
Cámara propone que las fuerzas políticas de nuestra Región asuman, como primer paso, tres principios básicos a este respecto:
- Debe acabarse con la idea que pretende reducir el problema del agua en Castilla La Mancha a los problemas derivados del trasvase Tajo-Segura.
- Actuar de forma respetuosa con la Constitución Española en lo relativo al artículo 149 y la ordenación, por parte exclusivamente del Gobierno de la nación, de los recursos hídricos transregionales.
- Considerar que el control y la ordenación del agua de la Región no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el verdadero objetivo: el desarrollo sostenible de nuestra economía y la utilización social de nuestras aguas.
A partir de aquí, dice, debe trazarse una hoja de ruta en la que se defina un Plan Global del Agua para Castilla La Mancha con los siguientes objetivos:
- Potenciación de los Parques Naturales de Ruidera, Alto Tajo y Tablas de Daimiel, asegurando niveles ecológicos mínimos.
- Actualización del Plan del Alto Guadiana que permita y asegure los abastecimientos mínimos necesarios.
- Saneamiento del Tajo Medio, especialmente entre Aranjuez y Talavera de la Reina.
- Plan de desarrollo sostenible para toda la ribera del Tajo (no solo para los municipios ribereños de los pantanos de cabecera), con planificación y desarrollo de políticas productivas basadas en la agricultura, las industrias agroalimentarias y el desarrollo turístico y de servicios.
«La polémica en relación con los trasvases que ha absorbido la práctica totalidad del debate político PP-PSOE debe quedar supeditada, tal y como se indica en el Art. 149 de la Constitución, a las decisiones del Gobierno de la Nación pero atendiendo a la normativa legal (Ley 21/1971 y Ley 52/1980) por lo que se consideran dos aspectos: que la cuenca del Tajo es prioritaria en todos los usos y solamente se debe trasvasar agua excedentaria». En consecuencia, UPyD considera prioritario que desde el Gobierno de Castilla La Mancha se realice una valoración de las necesidades de la Cuenca del Tajo en todos sus aspectos y con suficiente proyección de futuro, definiendo la cantidad de agua que se precisa y, consecuentemente, la cantidad de agua excedentaria y por tanto susceptible de ser trasvasada.
En esta valoración UPyD considera prioritario que se fijen las líneas básicas para el desarrollo agrario de Castilla La Mancha, designando las superficies regables y su incremento; se trace el mapa y características de las industrias agroalimentarias ligadas a las anteriores, así como vías y estrategias de comercialización de sus productos; se fijen las necesidades de consumo de boca y ocio; se establezcan las necesidades de agua derivadas del desarrollo de otras industrias, incluidas las turísticas, y se fijen los caudales mínimos por tramos para garantizar la limpieza de las aguas.
«Una vez realizado lo anterior, que constituye el verdadero objetivo a conseguir, y deducido el caudal mínimo de agua por tramo y estación del año que se precisa para ello, se podrán fijar los medios para conseguirlo, y la cantidad de agua excedentaria para trasvasar si esto es posible, insistiendo en que las cuencas cedentes deben ser prioritarias y ver satisfechas sus necesidades previamente a cualquier transferencia de aguas».
UPyD exige tanto al Gobierno como a la Oposición un esfuerzo responsable y el cese de la improvisación que los ciudadanos de Castilla La Mancha sufrimos desde hace más de treinta años, así como la elaboración de auténticos planes de futuro de amplio espectro que desde el consenso y el diálogo contribuyan a paliar la crisis económica que sufrimos de forma permanente.
