El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha anunciado el Plan de Empleo para 2012, un programa «impropio en los tiempos que corren» dotado con ocho millones de euros que convierte a la institución provincial en la única Administración de Castilla-La Mancha que ha puesto en marcha una iniciativa que impulsa la creación inmediata de empleo con la que se pretende aliviar la dramática situación que sufren 2.000 parados ciudadrealeños.
Aunque la Diputación funciona en la actualidad con los presupuestos prorrogados, «los magníficos resultados» obtenidos en la liquidación de las cuentas de 2011, que se ha saldado con superávit, han permitido al Equipo de Gobierno elaborar el Plan de Empleo cuyo gasto ya se contempla en un expediente de modificación de créditos que hoy pasará por la Comisión de Hacienda y que será refrendado en el Pleno ordinario que tendrá lugar el viernes. Al término de la sesión, según ha anunciado De Lara, se celebrará una Junta de Gobierno que dará el visto bueno definitivo a este importante programa que ha calificado de «equitativo y totalmente objetivo, comprobable por cualquiera y solidario».
Acompañado por el vicepresidente José Fernando Sánchez-Bódalo, De Lara ha mostrado su satisfacción porque la Diputación de Ciudad Real pone en marcha un Plan de Empleo «en plena crisis» y en momentos en los que se aplican «restricciones potentes» con «recortes que están asuntando a la sociedad». Ha añadido, en este sentido, que esta iniciativa se puede llevar a cabo porque «se han llevado a cabo políticas de ahorro cuando se ha podido ahorrar y como consecuencia de una buena gestión».
Ha detallado De Lara los pormenores del programa y ha dicho que el 75 por ciento de la subvención se podrá aplicar a costes de contratación, «salarios y seguridad social». Ha añadido que se ha reducido el porcentaje destinado a materiales para que se destine más dinero a la creación de empleo público.
El presidente de la Diputación ha explicado, por otro lado, que se han previsto 259.000 euros para la contratación de personal discapacitado. Y también aceptarán, atendiendo a sus manifestaciones, que los ayuntamientos justifiquen con certificaciones contratos formalizados con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2012.
Otras facilidades que se otorgan a los consistorios es que la Diputación le adelantará el 50 por ciento de la asignación total al inicio del proyecto, podrán solicitar el 40 por ciento de lo anticipado cuando justifiquen el 50 por ciento y con la certificación final de obra obtendrán el 10 por ciento restante. «Así, los ayuntamientos que no lleguen al abono de las nóminas no tendrán que aplicar operaciones de tesorería en sus propias cuentas», ha dicho De Lara, quien ha asegurado, a continuación, que los criterios para el reparto de las asignaciones económicas son «totalmente objetivos».
No en vano, han tenido en cuenta los datos de población de cada ayuntamiento atendiendo a los que facilita el Instituto Nacional de Estadística –los últimos que se conocen se difundieron el 1 de enero del año pasado- y las cifras del paro a 31 de diciembre de 2011. «Figuran 58.648 parados en la provincia de Ciudad Real, por lo que la media distribuible estará en algo más de 136 euros por persona», ha referido De Lara al respecto.
Ha querido dejar claro en otro momento de su intervención que la Diputación otorga «entera libertad» a los ayuntamientos en lo que se refiere a la accesibilidad en los tipos de contratos y jornada. La flexibilidad, por tanto, «es absoluta, aunque el máximo que pueden contratar a los trabajadores son seis meses».
Considera De Lara que esta exigencia «justa y razonables, como también lo es que no se admita que se contrate a más de un trabajador por unidad familiar y que tengan prioridad máxima las mujeres víctimas de violencia de género, además de que existe «una subvención adicional para que los ayuntamientos, si lo quieren, puedan contratar a personas con discapacidad».
Ha situado De Lara el salario que subvenciona la Diputación con prorrateos de pagas extra en 765 euros mensuales, a lo que también se suman los costes sociales. «Los repartos se han hecho con criterios aritméticos puros, se prima a los ayuntamientos pequeños de modo que el factor población sea proporcionalmente beneficiosos para ellos. Y a más parados, más dinero para paliar esa situación». Así las cosas, y a modo de ejemplo, el municipio que menos dinero recibe es Villar del Pozo con 2.331 euros y el que más el de la capital de la provincia con 399.149 euros.
Ha afirmado, asimismo, que la cobertura económica que ofrece el Plan de Empleo a los Ayuntamientos «es total» porque «no se genera ningún gasto añadido, no hay ningún sacrificio económico y financiero, lo aporta todo la Diputación, por lo que es municipalista».
Talleres de empleo y desarrollo
El Plan de Empleo para 2012 presenta una novedad que consiste en la consignación de 850.000 euros para que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes puedan presentar proyectos para talleres de empleo y desarrollo. De Lara ha comentado que tendrán una duración que oscila entre los tres y los seis meses y el otorgamiento de la subvención se hará a través de un mecanismo de concurrencia competitiva atendiendo a los criterios están objetivados en las bases.
Han incluido por primera vez estos talleres porque entienden que sirven para mejorar la autonomía de los ayuntamientos y para generar empleo, además de que aumentan la empleabilidad de los parados y elevan la calidad de los puestos de trabajo a los que puede acceder un desempleado.
En concreto, se primarán proyectos de aprendizaje en el campo de las nuevas tecnologías, de la eficiencia energética, de las acciones renovables, y del reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, así como de la gestión turística. Todas ellas son especialidades, a juicio de De Lara, que tienen que ver con nichos de empleo que ahora están menos visibilizados pero que de cara al futuro pueden resultar muy interesantes.
La gestión completa y la tramitación de los talleres de empleo se realizará de manera electrónica. «Estamos a la cabeza de España en la incorporación a la Administración electrónica aunque en el caso de los planes de empleo para pueblos de más de 5.000 habitantes es opcional», ha comentado De Lara, quien ha asegurado que la Diputación ha invertido, incluido el ejercicio de 2012, un total de 30 millones de euros.
