Recuerda que Castilla-La Mancha es líder en producción e instalación de renovables, por lo que será la región más perjudicada por la moratoria del Real Decreto de ayudas al sector
“Una decisión que supone un hachazo al sector de las renovables, a su industria y a la generación de miles de puestos de trabajo en Castilla- La Mancha y en nuestra provincia”. Así ha calificado la diputada nacional del PSOE por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, la convalidación gracias a la mayoría del Partido Popular del Real Decreto Ley 1/2012 para suspender los incentivos económicos a las nuevas instalaciones de producción de energías renovables.
Para Rodríguez, es “inexplicable” que el Partido Popular haya tomado esta decisión, pues ha asegurado que “representa un cambio hacia el pasado”, al explicar que mientras la mayoría de países europeos está abandonando la energía nuclear para potenciar las renovables, Rajoy y Cospedal hacen todo lo contrario.
Especialmente crítica se mostrado con Cospedal, al recordar que la peligra la “extraordinaria posición” en la que se encontraba Castilla-La Mancha, región líder en producción de energías renovables gracias sobre todo al esfuerzo realizado durante los últimos diez años, que ha llevado a que hoy el 87% de la energía eléctrica que se consume procede de este tipo de fuentes, o que en la actualidad cuente con más de 5.340 megavatios de producción de energías renovables de régimen especial, es decir, eólica, termosolar, fotovoltaica, biomasa, cogeneración o biocombustibles.
Respecto a la producción de energía eólica, Isabel Rodríguez ha ofrecido otro dato contundente, y es que desde el año 2009 Castilla-La Mancha mantiene este liderazgo nacional e internacional con la instalación de más de 3.600 megavatios que ha supuesto una inversión de 5.500 millones de euros y la creación de 10.000 puestos de trabajo en la construcción, desarrollo y mantenimiento de un total de 129 parques instalados en la región.
Fuente limpia de riqueza y empleo
Además, la parlamentaria ciudadrealeña ha resaltado que no estamos hablando de futuribles, si no que “se trata de realidades, de inversiones planificadas en nuestra tierra”, tanto como que en mayo de 2011 el Gobierno de Barreda aprobó el Plan Eólico con el Horizonte 2014, en el que “se preveía la inversión de 3.300 millones de euros y la creación de 7.300 puestos de trabajo directos”.
Precisamente, en materia de empleo y aprovechando la visita de la consejera de esta área, Carmen Casero, la diputada socialista le ha pedido una opinión acerca de la destrucción de todos estos puestos de trabajo, porque “si yo fuera consejera de Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno de España de mi partido hubiera aprobado este Real Decreto me hubiera llevado un gran sofocón; no sabemos si la señora Casero se llevó ayer un gran sofocón”.
De igual modo, Isabel Rodríguez ha manifestado que como castellano-manchega “me siento indignada de que no haya gobierno que defienda los intereses de mi tierra, que no haya responsables políticos en este gobierno que defienda los intereses de Castilla-La Mancha y que la señora De Cospedal no abra la boca para defender los intereses de Castilla-La Mancha”, tal y como sí han hecho dirigentes ‘populares’ de otras comunidades autónomas, quienes sí han pedido al gobierno de su partido que se replantee la paralización de las renovables.
Duro golpe y retroceso
Rodríguez ha insistido en que la decisión del nuevo Gobierno central del Partido Popular de paralizar el Real Decreto de ayuda a las energías renovables “es una mala noticia que representa un grave retroceso para Castilla-La Mancha y para la provincia de Ciudad Real, puesto que desmonta todo un sector con gran valor añadido en I+d+i”.
La responsable socialista ha criticado que “Rajoy, con el beneplácito de la señora De Cospedal, ha vuelto a dar un duro golpe a los intereses de nuestra región y al desarrollo tecnológico y de futuro de Ciudad Real”.
Por último, Rodríguez ha concluido pidiendo un ejercicio de reflexión al Gobierno de Rajoy para que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones del sector, con las organizaciones sindicales y con los grupos parlamentarios para acordar un marco normativo que responda a los intereses de España y de sus ciudadanos respecto a “una medida que sólo tiene malas consecuencias”.
