La Federación de Servicios Públicos de UGT C-LM ha denunciado las «graves consecuencias que para la salud pública» puede tener el despido de unos 50 profesionales de la empresa TRAGSATEC, responsable del control sanitario de las explotaciones agrarias de la región y de la retirada de animales muertos, que desde el estallido de la crisis alimentaria de las Vacas Locas y la gripe aviar había sido encargada de retirar los cadáveres de animales muertos de las granjas, atajando enfermedades animales como la brucelosis y la tuberculosis.
Para FSP UGT C-LM, «la perniciosa consecuencia económica de pérdida de unos 50 puestos de trabajo directos (por no hablar de los indirectos como proveedores, lavanderías, alquiler de vehículos, etc.) es de por sí un daño importante para la economía de la Comunidad, pero con ser muy grave, viene en este caso acompañada de un retroceso significativo en la situación sanitaria de la ganadería de Castilla-La Mancha, con el riesgo que ello supone para la salud de la población, a través de la calidad y seguridad de los alimentos que se producen».
Según el sindicato, «con la justificación de los ajustes debidos a la situación económica en que estamos inmersos, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha decidido que los trabajos que venía realizando TRAGSATEC, vuelvan a manos de quienes venían siendo los responsables anteriores de estas tareas, olvidando que con ese modelo de gestión, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha llegó a encabezar los primeros puestos de prevalencia de enfermedades animales».
«Estudios del propio MARM (Ministerio de Agricultura), indican que dejar los programas de erradicación en manos de veterinarios de las explotaciones (asalariados de los ganaderos), no garantiza la imparcialidad suficiente a la hora de diagnosticar las enfermedades (recordemos que un animal positivo debe ser sacrificado en aras de la salud pública, con las lógicas consecuencias económicas para la explotación), por lo que dicho Ministerio ha venido recomendando que la Administración encargue esos trabajos a empresas que no sean pagadas por los propios ganaderos», subraya el sindicato.
«FSP UGT de Castilla-La Mancha se opone a una medida que, con gran pérdida de puestos de puestos de trabajo, está justificada en un ahorro que, como en tantas ocasiones, sólo supondría, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana», señala su Secretaria General, Carmen Campoy.
«Pero es que además, en el presente supuesto cabe destacar que, en una comunidad como Castilla-La Mancha, donde los índices de positividad han sido en el caso de Tuberculosis Bovina los más altos de toda España, la posibilidad de volver a una situación de bajo nivel sanitario, no sólo no va a suponer un ahorro, sino todo lo contrario, un gasto a corto/medio plazo cuando se quiera revertir esta situación», añade Campoy.
«No se entiende cómo -concluye la Secretaria General de FSP UGT C-LM- desde la propia Dirección General de Agricultura y Ganadería se reconoce la excelente labor, dedicación y profesionalidad que los trabajadores de TRAGSATEC han venido desarrollando durante todos estos años y se prescinda de los servicios de los mismos, sin tener en cuenta las graves repercusiones que, a nivel sanitario, económico y productivo pueden tener estas decisiones».
