Sierra asumía en la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del Acuífero 23 el compromiso de informar a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, sobre el malestar reinante ante la gestión de la Confederación Hidrográfica durante los últimos años.
Este domingo tenía lugar en el Centro Virgen de las Cruces, la antigua Granja Escuela, la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del Acuífero 23. Entre otros asuntos, se ponían encima de la mesa las demandas de los agricultores para con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la disconformidad general del colectivo ante su gestión en los últimos años.
Una de las principales quejas de los regantes es el incumplimiento por parte de este organismo de las obligaciones económicas suscritas en el convenio de colaboración con la Comunidad General de Regantes del año 2010 y 2011, así como del convenio de instalación de contadores, cuyos fondos aún no han llegado. También se pedía a la nueva directiva de la Confederación Hidrográfica del Guadiana más sensibilidad con la realidad de la situación en el campo, de cara a eliminar la burocracia existente para el uso del agua de los pozos y la normativa correspondiente a la instalación y mantenimiento de los contadores.
Jesús Pozuelo, presidente de la Comunidad de Regantes, demandaba más confianza en las comunidades de regantes por parte de la Confederación, con el fin de solucionar una problemática que se lleva arrastrando desde hace varios años, si bien, también pedía más unidad entre las distintas comunidades de regantes.
En la junta, a la que asistieron alrededor de 80 socios, también participaba Juan Manuel Atochero, responsable de la Oficina Comarcal de Agricultura, quién expresaba su total desacuerdo y preocupación ante la posibilidad de que la Comisión Europea liberalice los derechos de plantación de viñedo e informaba sobre el estado de la última reestructuración de viñas del año 2009.
También asistía a la cita el alcalde, Leopoldo Sierra, quien tomaba la palabra al final. En su alocución expresó su apoyo al colectivo en sus demandas y su confianza en el gobierno de Maria Dolores Cospedal y en el de Mariano Rajoy para «sentar las bases de una nueva aplicación más eficaz del Plan Especial del Alto Guadiana», ya que, según añadía, «la actual no ha conseguido solucionar ni los problemas en la agricultura ni los del medio ambiente». También apelaba al trabajo de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, dar una solución a los 8.000 expedientes de pozos alegales pendientes de resolución en Castilla-La Mancha.
Por último agradecía el trabajo de la junta directiva de la comunidad en pro de la unidad entre los socios y asumía el compromiso de informar a la consejera sobre el malestar y el desencanto reinante entre los miembros de la comunidad de regantes ante la gestión de la Confederación Hidrográfica durante los últimos años.
