El primer pleno ordinario de 2012 en el Ayuntamiento de Daimiel vino marcado por un orden del día en el ninguna de las mociones de la oposición salió adelante por los votos en contra del equipo de Gobierno. A éste se unió el PSOE a la hora de votar en contra de la moción presentada por Izquierda Unida en la que se pedía la creación de una Comisión Municipal de Investigación “en relación a las presuntas irregularidades cometidas por el anterior equipo de Gobierno del PSOE”.
El requerimiento de IU levantó expectación por lo novedoso de la petición. El defensor de la moción, Juan Julián Rodríguez de la Rubia, indicaba que “no sólo se han de pedir responsabilidades políticas, sino que también habría que pedir responsabilidades a la parte técnica por la elaboración de los informes”.
Tanto Partido Socialista como Equipo de Gobierno rechazaron la moción aunque por motivos distintos. En el caso del Partido Socialista, su portavoz, Cristina Maestre argüía que “no vamos a contribuir a la campaña de difamación que está llevando a cabo el Equipo de Gobierno”, aunque compartía con Izquierda Unida que “si hay una supuesta investigación de la Fiscalía, el alcalde tendría que haber informado primero a los portavoces”. Asimismo pidió que si hay indicios de irregularidades, “que se denuncien”.
Por su parte el concejal de Hacienda, David Gómez-Cambronero defendía que la mejor Comisión de Investigación era la Comisión de Hacienda y pidió a Izquierda Unida “que trabaje y nos pida documentación, porque hasta ahora le hemos facilitado toda la que nos han pedido”. En respuesta a la portavoz socialista, Gómez-Cambronero defendía que él ni difamaba, ni calumniaba “sólo hemos dicho la realidad, como seguiremos haciendo”. Basó el rechazo de la moción en que “nuestro Reglamento Orgánico no lo permite, y para eso está la Comisión de Hacienda”.
Para terminar el debate, el alcalde, Leopoldo Sierra, volvió a confirmar que hay una denuncia en la Fiscalía por parte de un particular, “algo que tiene que saber la portavoz del Grupo Socialista porque los requerimientos de la Fiscalia comenzaron antes de la celebración de las Elecciones Municipales, en la anterior legislatura”.
Moción sobre recortes sociales
Sin embargo el punto que suscitó más debate fue el referente a la moción presentada por el Grupo Socialista en el que se instaba al Gobierno Municipal a “evitar tanto los recortes en Servicios Sociales de Daimiel como los despidos que se están produciendo”. La portavoz socialista, Ana Marchán, acusó al Equipo de Gobierno de no ser cierto que fueran a ser cuatro los trabajadores afectados por los recortes “sino más”. Así enumeró los servicios en los que se iban a producir esos recortes y criticó la actitud de la presidenta regional, María Dolores Cospedal “que dijo que no se iban a tocar los servicios sociales y está haciendo lo contrario”.
El portavoz de Izquierda Unida, Galo Sánchez-Bermejo, puso el acento en el coste económico de los despidos “ya que con lo que va a costar la indemnización se les podía pagar un año de trabajo”, por lo que no tenía sentido alguno el despido. A su vez recalcaba que cuando “se va un trabajador de los servicios sociales, se va mucho más, porque se va la igualdad y la cohesión social”.
La Portavoz del Equipo de Gobierno, María Dolores Martín de Almagro, reconoció que los recortes habían afectado a cinco trabajadores “y no a cuatro como anuncié en rueda de prensa” y lo justificó en el sentido de que “se ha ido ajustando todo el presupuesto a la vez que nos iba llegando la información”. Martín de Almagro valoraba que la Junta de Castilla-la Mancha no va a renovar las subvenciones del servicio de Ludoteca, presupuestado en 65 mil euros “que no tenemos” o en el hecho de que el dinamizador social no estaba adscrito al programa Alcazul “por lo que no le hemos podido renovar el contrato”.
Afirmaba que los servicios sociales en Daimiel “estaban sobredimensionados” y como muestra explicó que a Daimiel le correspondían, por población, tres asistentes sociales “cuando contamos con siete”. Aún así, según la Portavoz “los recortes sólo han afectado a uno de ellos, por lo que ahora tenemos seis”, y afirmaba con rotundidad que “en Daimiel no se va a suprimir ningún servicio social”. Para Martín de Almagro el problema de los ajustes viene derivado de “que los servicios nunca se ajustaron al presupuesto”, y añadía que “si este Ayuntamiento no tuviera que destinar este año mas de un millón y medio de euros a amortizar la deuda generada por el Partido Socialista, podríamos haber destinado ese dinero a pagar a esos cinco trabajadores despedidos”.
Por último el Alcalde pidió a los portavoces de la oposición un margen de confianza en las medidas tomadas por el Gobierno Central y el Autonómico para salir de la crisis, así como para el propio Gobierno Municipal “porque llevamos poco tiempo gobernando y hay que esperar un año o año y medio para ver los efectos de estas medidas. Si no surten efecto, entonces sí entenderé las críticas”. Sierra indicaba que hay un déficit anual de 700 mil euros en servicios sociales “producto de la diferencia entre lo que subvencionaba la Junta, y lo realmente gastado, algo que era un descontrol”.
Los grupos de oposición se interesaron por las acciones que pudiera llevar a cabo el Ayuntamiento en apoyo de los trabajadores de la Residencia La Masiega, que tienen dificultades en el cobro de sus salarios así como sufren detrimento de sus condiciones laborales. Leopoldo Sierra dijo no tener “ningún dato oficial al respecto” aunque sí había sido informado de la situación “por un par de trabajadoras”. Se comprometió a hacer lo que estuviera en su mano y adelantó que “la otra residencia también puede tener problemas de este tipo, porque hay empresas que llevan sin cobrar cerca de tres años de la Junta de Castilla-La Mancha”.
La supresión del servicio de Ludoteca fue otro de los temas preguntados. En este sentido María del Carmen Torija, concejala de Bienestar Social, volvió a incidir en que “no nos va a llegar la subvención de la Junta, por lo que no podíamos asumir el coste de 65 mil euros que cuesta el servicio”. Torija avanzó que se ha ofertado a los padres las denominadas “tardes de ocio y juego, que no tienen que ver con la Ludoteca”. Estas “tardes” se van a desarrollar en el Punto Joven “con una de las contratadas en el servicio de Ludoteca”, respetándose las ratios alumnos-monitor, según la concejala. Aún así, “los padres que quieran podrán exigir que se les devuelva el importe por haber contratado el servicio de Ludoteca”, sin que hasta ahora nadie lo haya solicitado.
Torija también confirmó que el programa Alcazul “seguirá desarrollándose” aunque se tendrá que determinar “quién se hará cargo de él” dado que el dinamizador que hasta ahora cumplía con ese objetivo estaba adscrito a otro programa que no ha sido renovado por la Junta de Castilla-La Mancha.
Siguiendo con personal, María Dolores Martín de Almagro confirmaba que a la logopeda de niños con discapacidad se le ha reducido el contrato a 15 horas, de 20 que tenía asignadas, pero matizó que “ya el Gobierno socialista le había rebajado de 26 a 20”. En cuanto al personal del Museo Comarcal, David Gómez-Cambronero matizaba que ese personal “pertenece a EMUMASA” y que hasta el momento, de las cuatro personas que trabajaban “una terminaba su contrato y no ha sido renovada”. Avanzó que se va a regularizar la situación del resto de trabajadores “porque es curioso que poco antes de las elecciones municipales, a una persona, que pasó proceso de selección, se le hiciera fija; a otra, que no pasó proceso de selección, se le hiciera fija; y a otra que sí pasó proceso de selección, no se le hiciera fija”.
