Tan entretenidos estamos con el traspaso de poderes, la crisis del euro, y los líos internos del PSOE, que casi va a pasar desapercibido el próximo Día de la Constitución Española , un aniversario que desde IZQUIERDA UNIDA queremos recordar, para denunciar su permanente incumplimiento.
La Carta Magna está todavía convaleciente de la profunda herida de su reforma express, y la sucesión de acontecimientos políticos y económicos siguen profundizando su herida. Los cinco millones de parados y las cientos de miles de familias desahuciadas de sus hogares son quizás los principales exponentes del fracaso de los poderes públicos en hacer cumplir la Constitución , pero también son el resultado de un modelo económico que desprecia a las personas a favor de los mercados.
Pero la quiebra del orden constitucional también la tenemos presente en todo lo que está ocurriendo con los planes de ajuste de las Comunidades Autónomas. Retener el dinero que con carácter finalista se recibe del Estado para atender sus competencias delegadas, como es el caso del impago del gobierno regional, sea el de Barreda o sea el actual de Cospedal, se está llevando por delante a ayuntamientos, organizaciones que prestan servicios sociales, dependientes, farmacias, proveedores, etc…., generando una situación límite, poniendo en serio peligro no solo la continuidad de decenas de miles de puestos de trabajo sino el cumplimiento de derechos básicos como el de la asistencia y prestación sanitaria, o la atención social.
Si quieren un dato más claro, podemos ver lo que está ocurriendo por ejemplo entre La Rioja y el País Vasco, donde se le niega la asistencia sanitaria a ciudadanos españoles por el mero hecho de residir en otra región, o la retirada de la cartilla médica a parados de larga duración en Galicia y Murcia.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno Central, aún en funciones, mira para otro lado o lanza solamente mensajes de cara a la galería, en lugar de poner en marcha los resortes del Estado para recomponer el orden constitucional.
Pero no nos engañemos, estos “ajustes” del gasto público son el inicio del vaciamiento del contenido social de nuestra Constitución, ahora supeditado al nuevo dogma del equilibrio presupuestario, aunque ello suponga la ruptura del equilibrio social y territorial, y la creación de ciudadanos de segunda o tercera categoría.
Ésa es la herida sangrante y mortal a nuestro Estado Social, Democrático y de Derecho que se forjó en el pacto constitucional, hoy roto por el pacto PSOE-PP. Además nuevas amenazas se ciernen sobre nuestra soberanía, ya que dentro de las propuestas de la UE para salvar al euro, se habla de que la Comisión Europea tenga competencias para interferir o intervenir los presupuestos de los Estados miembro si se salen de la disciplina impuesta.
Lo dicho, triste aniversario para una Constitución moribunda, que está siendo suplantada por un nuevo orden político que la ciudadanía ni ha votado, ni tiene control sobre él. La última burla a la igualdad de los ciudadanos ante la ley es el indulto a Alfredo Sáenz, nº 2 del Banco de Santander, dado por un gobierno en funciones con el silencio cómplice de Rajoy.
