Daniel Martínez: “No debemos permitir que la derecha política y económica aproveche la coyuntura para desmantelar el modelo actual de Estado del Bienestar y encaminarlo a su privatización absoluta”
Tras el anuncio de la Presidenta regional, María Dolores Cospedal, del nuevo paquete de recortes, cifrado en 350 millones de euros, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, en una primera valoración, considera que se trata «de la más firme y negativa consecuencia del bipartidismo que sufrimos en la región, donde la mayoría absoluta, obligada por la ley electoral, permite campar a sus anchas a los partidos en el gobierno, hoy el PP, antes el PSOE».
Este nuevo paquete de recortes, unido al anunciado con anterioridad de más de 1800 millones de euros, «ambos planificados, elaborados y ejecutados sin ningún tipo de negociación, viene a ser la consecuencia directa de las victorias electorales de la derecha y la continuidad, si cabe perfeccionadas en su forma y fondo, de las mismas políticas de Zapatero, cuyos resultados ya conocemos, leña al de abajo y guante de seda con el de arriba, más desigualdad social, más paro y más crisis».
Para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, «los recortes salariales y sociales de los empleados públicos, su criminalización, la degradación de los servicios sanitarios en su conjunto, la privatización de hospitales, la traslación a la región del retrógrado modelo educativo de Esperanza Aguirre y convertir los derechos y prestaciones sociales en un negocio más, suponen un auténtico atraco a la ciudadanía y deben encontrar una respuesta social y política contundente».
Daniel Martínez, Coordinador regional de IU, ha calificado como “un mal preludio poner en manos de la patronal los servicios sociales y sanitarios, puesto que supone confiar su gestión en aquellos que piensan y dicen públicamente que los trabajadores de la administración se dedican a jugar al futbolín y que solo se sale de la crisis trabajando más y cobrando menos, receta que no quieren para ellos mismos”.
Por último, Daniel Martínez ha aseverado que «se hace cada vez más urgente y necesario articular un frente social y ciudadano para frenar éste ataque a los servicios públicos y a los sistemas de protección social, precisamente cuando más se necesitan”.
