Las Cortes de Castilla-La Mancha han reprobado en la sesión celebrada este jueves, 1 de diciembre, la gestión del anterior Ejecutivo autonómico en relación con los programas sociales básicos, al considerar que por el último Gobierno de José María Barreda se “afectó gravemente a sectores muy vulnerables de la sociedad porque no recibieron las ayudas de las políticas de protección y promoción sociales e integración social”.
Esta valoración ha estado amparada por los datos expuestos a lo largo del debate parlamentario, que concluyó con un amplio elogio “al trabajo diario de los profesionales sociales, que dan lo mejor de sí mismos para que en los programas y atenciones sociales el componente humano de entrega, una vez más, minimice la escasez de los recursos económicos o materiales”.
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha enfatizado que el Gobierno de la presidenta Cospedal “está trabajando para garantizar los servicios sociales básicos, puestos al borde del precipicio por una gestión temeraria anterior. Seguimos trabajando para que aquellos que más apoyo y ayuda necesiten no terminen siendo los más perjudicados de esta situación”.
El programa hoy debatido comprende partidas destinadas tanto a corporaciones locales como a familias y entidades sin ánimo de lucro para acciones de promoción y protección social. De lo presupuestado por el anterior Gobierno, 117 millones de euros, sólo se habían pagado 5 millones en el mes de junio.
Ayuda a domicilio y otras prestaciones
El aspecto más visible de este programa es la Ayuda a Domicilio, aunque también incluye el Plan Regional de Acción Social, para municipios de menos de 3.500 habitantes (el anterior Gobierno sólo pagó el 1,8% de los 7 millones presupuestados) y el Plan Concertado, para los municipios de más población (a los que el Ejecutivo de Barreda sólo abonó el 1,46% de todo lo previsto para este año), siendo aún más grave la situación de las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro: de los 10 millones de euros presupuestados, sólo se pagaron 2.000 euros en el primer semestre, un 0,02% del total. Dicho de otro modo, en junio no se había pagado nada aunque estuvieran presupuestados para ello 6 millones de euros, dentro de la partida que atiende esencialmente a los albergues para transeúntes, red gestionada en su casi totalidad por Cáritas, organización dependiente de la Iglesia católica.
Mirando hacia el futuro, el consejero Echániz ha asegurado que “vamos a terminar con la anarquía en el gasto de los siempre escasos recursos públicos y a poner orden para garantizar los servicios sociales básicos a los castellanomanchegos” porque los presupuestos regionales “van a dejar de ser un papel mojado para pasar a ser una norma de obligado cumplimiento”.
