Lleva varios días el candidato Rubalcaba lanzando de manera insistente un mensaje, “no hay que abaratar el despido, sino la contratación”. Todo ello cuando un año y medio después de su reforma laboral y de la imposición de los ajustes, el resultado es que ya estamos en los cinco millones de parados, se sigue destruyendo tejido productivo, siguen empeorando las cuentas públicas y todo el dineral público insuflado a la Banca no ha servido ni para movilizar el crédito a pymes y familias, ni para alejar los nubarrones de una nueva tormenta financiera.
Los excesos de la ortodoxia en una falsa “austeridad” en la UE , impulsados por la derecha europea, incluido el PP, ya están siendo señalados como los culpables del estancamiento de Alemania y Francia, que tendrán un efecto negativo en el resto de economías europeas, especialmente en las exportaciones españolas.
Por tanto, ante estos datos de incertidumbre económica, alguien pensó que era necesario implementar un mecanismo que permitiera aumentar el grado de beneficio de las empresas, con la ilusión de así animar a la contratación. Ahí está el origen de la teoría del abaratamiento de los costes laborales, una vez abaratada la salida del mercado laboral: gracias a la última reforma aprobada por el PSOE, queda abaratar la entrada.
En este sentido, Rubalcaba habla de inyectar dinero público a las empresas para que estas contraten, aunque no se ha especificado cómo, por cuanto y en qué se comprometen los contratantes.
También la CEOE viene acariciando esta idea desde hace tiempo, hablando de la eliminación del SMI, del endurecimiento del acceso a las prestaciones por desempleo, y de la reducción de las cuotas patronales a la Seguridad Social. Es sospechoso que la CEOE guarde un cauteloso silencio, ellos que siempre han criticado las políticas subsidiarias y de subvenciones públicas.
Lo preocupante de la propuesta de Rubalcaba es que no ha aprendido nada de experiencias anteriores, como por ejemplo de todo lo relacionado con las ayudas públicas y exenciones a la vivienda, que se convirtieron en un mayor margen de ganancia para promotores y especuladores, sin que los compradores de la misma tuvieran un ahorro del precio definitivo de sus viviendas, abocados a hipotecas abusivas, que están llevando a cientos de miles de familias al desahucio de sus hogares.
Estas ayudas pueden desincentivar el necesario cambio de nuestro modelo productivo, y puede generar una nueva burbuja del subempleo, haciendo dumping salarial y social a la baja entre trabajadores, al calor de las subvenciones públicas.
El PSOE ha renunciado a la dignificación del empleo y del factor trabajo. Lo ha reconocido el propio Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, cuando dice que “prefiere un contrato precario a un parado”, porque aunque para un parado es mejor un mal contrato que seguir de brazos cruzados, ésta idea no puede ser la que inspire una política ministerial, y menos desde un gobierno que se dice socialista.
La propuesta de Rubalcaba por tanto, inicia la senda de la generación de un mercado del subempleo, en el que básicamente tengamos que pagar por trabajar. Esto es un nuevo PER en el que los empresarios sustituyen a los alcaldes.
Es un dicho popular el de “que lo barato, sale caro”, y quizás esta ocurrencia de Rubalcaba forme parte del rosario de disparates de la era zapateril; “negación de la crisis”, “bajar los impuestos es de Izquierdas”, “nuestro sistema financiero es el más sólido del mundo”, “superaremos la renta per cápita de Francia, aunque le moleste al amigo Sarkozy”, etc…
El empleo solo puede venir de la generación de actividad económica, del impulso de inversiones productivas, del reparto del trabajo, del apoyo a nuevos yacimientos de empleo, del fomento de la economía social: cooperativas de productores, consumidores, etc…, y de la dignificación del empleo y de las personas para provocar un cambio social.
