Aunque la capacidad de contradicción e irresponsabilidad de determinados políticos es inmensa y está más que acreditada, parece que aún no ha tocado fondo. El penúltimo de los ejemplos se centra en el conflicto del impago, uno más, de la Junta de Comunidades del IBI por 79 edificios públicos sanitarios.
El pasado 26 de septiembre el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado saltó a la palestra afirmando que Castilla-La Mancha debe el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de decenas de edificios públicos y advirtió que estos impagos podrían retrasar el abono de las pensiones. Según su “sensación” hay alcaldes del PP que han conjuntado actuaciones con la consejería, para embargar las cuentas de la Seguridad Social, se entiende; aunque estas cuentas sean inembargables.
“Es la clase de responsables institucionales sin escrúpulos que nos están manejando; son capaces de hacer o decir una cosa y la contraria sin pestañear ni sentir vergüenza, son los trileros de la política, solo buscan el engaño y la manipulación. Demuestran que forman parte de los problemas que hoy estamos atravesando y solo aspiran a ocultar su incapacidad para buscar y aplicar soluciones».
Aunque no hizo referencia a una cifra concreta, hemos conocido que la deuda podría rondar los cuatro millones de euros. Si tenemos en cuenta que la región cuenta con más de 345.000 pensionistas(modalidad contributiva) y que el pago mensual supone más de 260 millones de euros, resulta tremendamente irresponsable despacharse con que se puede retrasar el pago de las pensiones por esa cantidad en concreto, si fuera así debería dejar su cargo por incompetente.
Pero es más, en noviembre del año 2010, gobernando Barreda en Castilla-La Mancha y ocupando el susodicho Granado el mismo cargo, la Tesorería General de la Seguridad Social interpuso un Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Junta de Comunidades, en el que reclamaba a la administración regional una indemnización por la ocupación del Hospital General de Ciudad Real, así como la falta de pago de las cuotas del IBI(2006 a 2010)de dicho hospital por parte de la Junta. Es decir, el secretario de Estado miente o al menos dice verdades a medias, ya que el conflicto viene de largo y los impagos no se producen solo con el gobierno actual.
Y los que dejaron de pagar en años y gobiernos anteriores, responsables del PSOE ahora en la oposición, ven muy grave que el Gobierno de Cospedal se convierta en “insumiso fiscal”. Esto se lo dice un insumiso fiscal a otro.
El PP, cuando era oposición, reclamaba, como caso más emblemático el del Ayuntamiento de Ciudad Real, el pago del IBI de los edificios públicos sanitarios y ahora que gobierna en Castilla-La Mancha ha dejado de pagarlo.
Es la clase de responsables institucionales sin escrúpulos que nos están manejando; son capaces de hacer o decir una cosa y la contraria sin pestañear ni sentir vergüenza, son los trileros de la política, solo buscan el engaño y la manipulación. Demuestran que forman parte de los problemas que hoy estamos atravesando y solo aspiran a ocultar su incapacidad para buscar y aplicar soluciones.
Para colmo, cabe preguntarse qué clase de gobernantes estamos sufriendo que tras el paso de unos cuantos años desde que se realizaron las transferencias sanitarias, concretamente nueve, aún no tienen claro qué administración está obligada a pagar el IBI.
El 20 de noviembre tenemos la oportunidad de eliminar el descaro y generar más coherencia, no todo debe valer en política. Busquemos valores, principios, dignidad, coherencia, responsabilidad y credibilidad, también en la política.
