Los portavoces parlamentarios del PSOE y el PP han registrado su propuesta de reforma de la Constitución, una reforma que ha venido impuesta por una carta enviada por el BCE a nuestro Gobierno, de la que éste niega tener constancia.
Esta reforma pretende constitucionalizar la imposición de un límite al déficit público del Estado, para así trasladar un mensaje, uno más, de confianza a los “mercados” y ver si amaina el temporal sobre nuestra deuda pública. Una reforma que se hará en 72 horas, de espaldas a los ciudadanos, pero cuyos efectos entrarán en vigor ¡en 2.020!
Sin embargo, hay algo más que no se dice. En realidad, esta reforma le pone unos grilletes a nuestra capacidad como país para gobernar nuestra economía, atenazando nuestra soberanía nacional y convirtiéndonos en meros esclavos de intereses de gobiernos ajenos y de especuladores financieros.
Nuestra Constitución, recoge en sus artículos 130 y siguientes, toda una serie de conceptos económicos que es lo que nos convierte en un Estado Democrático, Social y de Derecho, algo que esta reforma borra de un plumazo, convirtiéndonos de facto en un nuevo lander.
Artículos que hablan de la supeditación de la riqueza nacional al interés general, al papel del Estado para hacer un reparto más justo de la riqueza, de la planificación económica en aras del interés general y del desarrollo territorial, incluso de la posibilidad de que los trabajadores puedan ser dueños de los medios de producción, todo esto queda sometido al nuevo dogma del déficit cero.
Al fijar los topes de endeudamiento en un 0,4%, o del déficit cero en etapas de crecimiento, nuestro país renuncia a avanzar en cohesión social, económica y de bienestar social con los países más avanzados de la UE, déficits que esta reforma olvida.
Puestos a fijar límites, desde IU le preguntamos públicamente al PSOE y al PP: ¿acaso no sería más interesante para los ciudadanos fijar como inconstitucional el tener tasas de paro superiores al 10%, o tasas de precariedad laboral superiores al 15%, o que haya salarios inferiores a 1.200 euros, o que haya tasas de pobreza superiores al 5%, o que haya hogares con todos sus miembros en paro? No, aquí lo importante es seguir a pies juntillas los dictados de los mercados y condenar a España a ser un país sometido a otros intereses que no son los suyos.
De hecho, al fijar estos topes, y nada menos que en la Constitución, va a ser imposible el llevar a cabo políticas de inversiones públicas productivas, de avanzar en la consolidación de un estado del bienestar que merezca ese nombre, es decir, SERÁ IMPOSIBLE LLEVAR ADELANTE POLÍTICAS DE IZQUIERDAS. Sí amigos, ya solo podrá llevarse adelante el programa económico neo-liberal que es el que trajo la crisis internacional, y ningún otro gobierno podrá intentar otra política que no sea la dictada por la cleptocracia de la UE, el BCE y el FMI.
Con una ley electoral excluyente, con la constitucionalización de un único programa económico, y con la criminalización de la indignación ante tanta fechoría, ya hemos llegado al Pensamiento Único, o Pensamiento Cero que decía Saramago. Si además se quiere impedir que los ciudadanos puedan opinar y decidir sobre esta reforma, cabría preguntarse si vale la pena celebrar unas elecciones donde ya todo está atado y bien atado.
Es la Dictadura Perfecta.
