La actual organización provincial de España procede de principios del siglo XIX y de un modelo municipal campesino-parroquial totalmente desfasado en el siglo XXI. Nada debe ser eterno y las decisiones políticas deben ir acordes con los tiempos y con el desarrollo estructural, por lo que es preciso, y ahora más que nunca, una reforma radical de la organización territorial del Estado. Recordemos que países como Bélgica, Dinamarca, Grecia, Alemania y, más recientemente, Italia, nos han precedido en este tipo de medidas que en estos momentos se hacen absolutamente imprescindibles
En Castilla La Mancha esto es algo ineludible ya que actualmente nuestra Región cuenta con 919 municipios de los que 844 tienen menos de 5000 habitantes (el 92%) y en provincias como Guadalajara y Cuenca encontramos 245 y 169 municipios respectivamente con menos de 500 habitantes.
Esta situación ofrece un panorama de descompensación que trae como consecuencia directa la desigualdad de los ciudadanos, ya que no todos los municipios prestan los mismos servicios considerados esenciales y, por otra parte, propicia un elevado número de alcaldías y órganos de gobierno local con la consiguiente duplicidad de funciones y gastos excesivos.
La necesaria política de austeridad hace ahora más necesario si cabe la fusión municipal. El ahorro sería evidente ya que, por ejemplo, la fusión de los 723 municipios de menos de 2000 habitantes reduciría en un tercio el número total de concejales de la Región, número que sería aún más significativo si la fusión afectara también a los municipios de hasta 5000 habitantes. Por otra parte, se suprimirían empresas y fundaciones redundantes así como un buen número de vehículos oficiales, dietas, gastos de representación, etc.; se liberarían inmuebles y aflorarían recursos públicos tan necesarios actualmente. Un beneficio también importante es que se simplificaría la coordinación el control de la gestión municipal, que podría llevarse a cabo por unas Diputaciones Provinciales transformadas en meros entes coordinadores y liberadas de una estructura de representación inútil y obsoleta que no ha sufrido modificaciones significativas desde las Cortes de Cádiz de 1812, con el consiguiente ahorro.
La fusión podría tener como criterio de partida, pero no único, para la fusión la continuidad geográfica con el núcleo principal, y el establecimiento de un período voluntario con ayudas condicionadas a dicha fusión, la cual pasaría a ser obligatoria cumplido el plazo.
Esta reforma es absolutamente necesaria para la modernización del Estado y supondría un ahorro de más de 20.000 millones de euros. En el caso de Castilla La Mancha, se hace aún más necesaria al ser una de las regiones más desestructuradas de España. Habrá muchas resistencias ante el alto conservadurismo e inmovilismo de la “clase” política española, pero todo lo enunciado se basa en una reflexión rigurosa que persigue la consecución de una organización solvente y que propicie la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
