A través de una nota de prensa, el director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Junta, Javier Hernández Pascual, ha manifestado que el cierre que pretenden llevar a cabo los farmacéuticos este jueves no está autorizado, ya que “incumple la reglamentación y puede ser considerado una falta grave”. Los farmaceúticos de la provincia de Ciudad Real ya han anunciado que cerrarán este jueves, manteniendo 56 oficinas de farmacia de urgencias.
La práctica totalidad de las 311 farmacias de la provincia de Ciudad Real, lo mismo que la mayoría del resto de la región, cerrarán este jueves sus establecimientos para protestar por el retraso en el pago de los medicamentos por parte de la Junta de Comunidades.
Durante la jornada de este jueves, se producirá este cierre como medida de protesta por no contar con un calendario de pagos para hacer frente al impago por parte del Sescam, y en defensa del colectivo de ciudadanos que confían en el servicio farmacéutico, como una base imprescindible del sistema de salud.
Este colectivo de profesionales lamenta, a través de una nota de prensa, tener que tomar esta medida de presión, pero «la situación cada hora que pasa se hace más insostenible para poder seguir prestando el servicio con la calidad habitual que la oficina de farmacia tiene».
Los farmacéuticos lamentan los posibles trastornos que puedan ocasionar a los pacientes, pero también quieren hacerles llegar a estos, que es precisamente en defensa del derecho que estos tienen a recibir las medicinas del servicio de salud puntualmente, por lo que se ha tomado esta medida.
Este derecho de los pacientes, aeguran, que «de seguir así, puede verse alterado, toda vez que el desabastecimiento de medicamentos a las oficinas de farmacia es un hecho, que se viene produciendo en algunos establecimientos, ya que los farmacéuticos no pueden pagar los pedidos que realizan y no pueden continuar financiando las medicinas a la Administración».
Los farmacéuticos de Ciudad Real manifiestan que desde los diversos servicios de farmacias de urgencia serán atendidas las necesidades de los ciudadanos, y piden la comprensión de estos a las medidas que este colectivo ha iniciado en defensa de la sanidad y del servicio farmacéutico global de la provincia. En total en la provincia en servicio de urgencia quedaran un total de 56 farmacias.
Por su parte, el director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la consejería de Sanidad de la Junta ha recordado que “la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés público”, tal y como reza el artículo 84 de la Ley 29/2006 de 26 de julio, una legislación, ha continuado, que “promueve el interés público mediante una reglamentación orientada a garantizar el derecho de la población a la asistencia farmacéutica continuada”.
Asimismo, ha añadido que la normativa dice que “la actividad de carácter mercantil de la oficina de farmacia está sujeta a la reglamentación general de cualquier empresa privada así como a la libre disposición de su titular en cuanto a la organización de los medios económicos para su funcionamiento”. En este mismo ámbito, ha recordado que “el reglamento farmacéutico atribuye a la interrupción unilateral del servicio farmacéutico por parte de la oficina de farmacia la consideración de infracción grave”, según el artículo 86 de la Ley 5/2005 de 27 de junio.
Además, según ha continuado, “la legislación sanitaria aplicable a las oficinas de farmacia preserva el derecho a la asistencia farmacéutica continuada y no contempla el cierre del establecimiento por motivos económicos”. Que mantengan el servicio Por esta razón, el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha espera que los farmacéuticos “se comporten lealmente con los ciudadanos y con las organizaciones que representan, manteniendo un servicio que deben proporcionar en todo momento a los ciudadanos”.
Hernández ha insistido en que “los farmacéuticos, además, son empresarios”, por lo que, como tales les pide que, “piensen que hay otros colectivos que se ven afectados por la grave situación económica heredada del Gobierno socialista y están dando ejemplo de solidaridad y colaboración con Castilla-La Mancha”. Asimismo, como profesionales sanitarios, les ha insistido en que “se acojan a la legislación vigente y no perjudiquen a los ciudadanos”.
El director general ha explicado que la crisis temporal de liquidez por la que atraviesa Castilla-La Mancha es “consecuencia de las decisiones financieras adoptadas en ejercicios anteriores, así como en el primer cuatrimestre del año, lo que está requiriendo por parte de las oficinas de farmacia un mayor recurso al capital circulante”.
En este sentido, Hernández ha indicado que “el pago de la recetas oficiales de medicamentos prescritas por los facultativos del SESCAM está plenamente garantizado por la Junta; así como la normalización de los pagos está supeditada a la necesaria programación financiera de carácter excepcional que ha sido necesario emprender a fin de garantizar el normal desenvolvimiento económico de la Administración regional”, ha avanzado.