Siempre hemos repetido que la Política Agraria Común es la primera de las grandes políticas europeas la cual, entre otros objetivos, ha venido garantizando una cantidad suficiente de alimentos con los que se ha alejado a Europa del hambre con el mismo éxito que la construcción política de la Unión Europea alejó a nuestro continente de la guerra.
Desde su puesta en marcha, la PAC ha venido adaptándose a los tiempos y a los nuevos retos del momento con sus aciertos -la inmensa mayoría- y también con sus errores. Pero, posiblemente, esta nueva política agraria común que diseñemos para más allá del 2013 esté contextualizada en uno de los momentos más importantes y decisivos para el sector de las últimas décadas por su amplitud de retos y por la necesidad eminente de la política.
Porque, por una parte, la nueva PAC debe enfrentarse a un mundo de grandes volatilidades en el mercado de materias primas. Desde la caída de los mercados de valores en el año 2008, grandes volúmenes de dinero se han trasladado desde la bolsa de Nueva York hasta la de Chicago, es decir hacia el mercado de materias primas, inaugurando un tiempo de grandes volatilidades, de inestabilidad, inseguridad y pérdidas a diversos y numerosos sectores agrarias y, lo que es peor, aumentando la pobreza en el planeta.
Es por todo ello, que la primera de las peticiones que el Parlamento Europeo ha realizado ha sido la introducción de unas reforzadas políticas de intervención que asegure la estabilización de los precios en momentos de grandes volatilidades y que, con ellas, se ponga freno a la desmesurada especulación que, a veces, se produce en determinados productos en el comercio internacional.
Y, junto con ellas, el mantenimiento de unas suficientes ayudas directas vinculadas, lo más posible a la creación de empleo y al cumplimiento de determinados requisitos medioambientales para hacer, de la nueva política agraria, una estrategia que marque sinergias con la Estrategia Europa 2020 en lo que se refiere a las sostenibilidad de nuestro planeta, la lucha contra el cambio climático y la apuesta por el empleo como eje vertebrador de todas nuestras políticas.
Es decir, una PAC social y sostenible que garantice unos recursos dignos y suficientes para todos nuestros productores, sea cual sea su actividad y sea cual sea el lugar en la que se realice, y con ello, la PAC también será más justa.
En definitiva, todo un esfuerzo colectivo para garantizar unos alimentos suficientes en cantidad y en calidad que cumpla, en su producción, con unos estrictos requisitos medioambientales y sanitarios.
Pero además la PAC puede ayudar a fijar la población de nuestros núcleos rurales a través de unas políticas complementarias en lo que conocemos como el segundo pilar. Entre ellas, las más prioritarias, la necesidad de favorecer la incorporación de jóvenes en las actividades del sector primario.
En Europa, sólo el 6% de los agricultores tienen menos de 35 años y, en los próximos diez años, más de 4 millones de agricultores se jubilarán por lo que las políticas de implantación de jóvenes deben pasar, con esta reforma, desde la retórica a la prioridad más absoluta porque, no cabe duda, que para garantizar la producción lo primero que debemos de garantizar es un número suficiente de productores que trabajen, y mantengan, nuestro campo.
Todo ello, apostando por la innovación y la modernización de los métodos en los métodos y de los métodos de producción para que nuestros productos primarios ganen en competitividad, manteniendo su calidad, respecto a los productos de terceros países con los que la Unión Europea, cumpliendo las reglas de la Organización Mundial del Comercio y de la Ronda de Doha, se ve obligada a mejorar las relaciones comerciales eliminando aranceles o precios de entrada.
Ayudas, empleo, sostenibilidad, medidas de mercado, innovación, modernización, competitividad, jóvenes, presupuesto suficiente…son conceptos que están en el corazón de la nueva política agraria comunitaria. Al menos, la que se imagina y reivindica el Parlamento Europeo.
