El Pleno aprueba incluir en la plantilla municipal un secretario de Alcaldía, un supervisor de medios de comunicación y un encargado del negociado de Festejos

Los dos primeros puestos se catalogan como personal eventual y su nombramiento se liga a la decisión y mandato del primer edil, mientras que el tercero se crea para el personal funcionario. PSOE e IU votaron en contra. También se aprobó una póliza de crédito de 900.000 euros para aliviar la liquidez del Ayuntamiento

El Pleno Municipal dio este lunes su visto bueno a una reestructuración de la plantilla municipal que contemplará a partir de ahora un secretario de Alcaldía y un supervisor de medios de comunicación y relaciones institucionales, catalogados ambos como personal eventual y cuyo nombramiento dependerá de Alcaldía. Igualmente, se crea el puesto de encargado de negociado de Festejos para el personal funcionario, que asignará provisionalmente la Junta de Gobierno hasta que se efectúe el concurso correspondiente. En este caso, según argumentó la concejal de Personal, María Dolores Martín de Almagro, este plaza asumiría competencias que hasta la fecha no se recogían en ningún puesto municipal. Estas modificaciones ya se esbozaron en la sesión extraordinaria de junio y, tras su paso por la mesa de negociación para informar a los sindicatos, se aprobaban con los votos favorables de los concejales del PP y el rechazo de PSOE e IU.  

Desde la oposición, se volvió a cuestionar el carácter “discrecional” de los dos primeros puestos, el coste añadido que entienden conllevará al presupuesto municipal y las posibles incompatibilidades de las funciones del supervisor de medios de comunicación con la plaza ya creada de coordinador. Así lo hizo ver el portavoz de IU, Juan Julián Rodríguez de la Rubia, quién se preguntó que qué pasaría si éste último decide incorporarse antes de que expire el plazo de su excedencia. “Nos podríamos encontrar con dos personas que pudieran llegar a hacer la misma función”, exponía.  

A todo ello, la portavoz socialista, Cristina Maestre añadió la discrepancia y el malestar del sindicato de Comisiones Obreras que a primera hora de la tarde habría emitido “un comunicado” donde se acusaba de “falsear el acta de la mesa de negociación”, queja que, según este sindicato, compartirían otros representantes de los trabajadores. “No son los únicos que se están pensando presentar alegaciones”, apuntando además, en base a mismo comunicado, que “vigilarán que no le asignen las funciones propias de empleados públicos a estas personas”. “Y eso es precisamente es lo que va hacer usted, poner a su jefe de Gabinete de director de los medios, cuando legalmente no se puedo hacer”, increpaba directamente al Alcalde.  

Desde el Ejecutivo, la portavoz y concejal de Personal, María Dolores Martín Almagro aclaró  que el cargo de supervisor, al ocuparlo un licenciado en Periodismo, queda en “un rango superior” al de coordinador, a quién no se le exigió este requisito. Sobre las acusaciones de CCOO que reveló Maestre Martín de Almagro se sorprendió de la “información privilegiada” que suministrarían los sindicatos a la portavoz socialista y responsabilizó a uno de sus representantes de “coaccionar a un trabajador de esta casa, amenazándolo con recusar su participación como secretario en próximas reuniones”. Además se comprometía a “no repetir la manipulación que hemos observado en los medios de comunicación”, opinión a la que añadía que, “por mucho que el Alcalde sea el responsable último, no queremos caer en lo mismo que han caído ustedes, que han manipulado como han querido”.

Póliza de crédito

Después de este fuego cruzado, el otro debate que más minutos consumió fue la aprobación, con los votos a favor de populares y socialistas, de una poliza de crédito de 900.000 euros, que según explicó el concejal de Hacienda, David Gómez Cambronero vendría aliviar la acuciante liquidez del Ayuntamiento y así, entre otras cosas, hacer frente de la aún pendiente paga extra de los trabajadores municipales y de diferentes pagos a los proveedores “más antiguos”.  

En este punto, IU se abstuvo ya que, en palabras de Galo Sánchez Bermejo no se hace “corresponsable” de este tipo de decisiones ya que no tiene en su poder “toda la información que maneja el concejal de Hacienda”. Postura que le afeó Gómez Cambronero, invitándole a su despacho para que repasase cuando quisiera los datos. A ello, Sánchez Bermejo respondió que su voto no significa que esté contra de que se pague a los trabajadores pidiendo a los concejales gubernamentales que “visualicen los grises”. “Sed más comedidos e intentad no practicar el rodillo porque eso van en perjuicio de los ciudadanos”, señalaba.  

Por su parte, Maestre matizó que su voto no era un “cheque en blanco” e instó a que se exigiera el pago de las trasferencias que la Junta de Comunidades tiene pendiente, tal y como lo habría hecho el equipo de Gobierno saliente. Ante esta afirmación, el concejal de Hacienda le recriminó que nunca le había oído en rueda de prensa denunciar las deudas contraídas “y si lo hacían ustedes, lo hacían en voz baja”. En este sentido, adelantaba que está preparando un detallado informe financiero para “asustar” a la presidenta de la Junta de Comunidades y a luz del mismo reclamar que “a Daimiel llegue el dinero cuanto antes”. Además, recordaba que en legislaturas anteriores se efectuaron dos planes de saneamiento que se extendieron varios años, por lo que demandaba un plazo de tiempo razonable para que se pidieran responsabilidades al actual Ejecutivo.  

El Alcalde, Leopoldo Sierra, cerraba este debate subrayando el “factor de riesgo” que supone la deuda de EMUMASA, que uniéndola a la del Ayuntamiento situaba a la localidad “como la primera ciudad de Castilla La Mancha en términos de deuda”. “Afrontamos la situación, pero esto es consecuencia de una gestión heredada” enfatizaba. Antes, Sierra, también informaba de que por acuerdo en Junta de Portavoces se postergaba el análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2010 a una próxima sesión plenaria.

Urgencias, ruegos y preguntas
 

El Pleno concluyó, en la tónica de la pasada legislatura, con una extensa relación de preguntas. Desde Izquierda Unida se cuestión por los cultivos de transgénicos en el término municipal; por si se piensa constituir el Consejo Municipal de Comunicación; por el vallado de la zona de San Isidro, por el control de las aguas depuradas y su posible relación con la contaminación que ha entrado Las Tablas; por el cierre del Punto del Joven y por un pleito perdido que ha provocado que el Ayuntamiento tenga que pagar más de 10.000 euros a un trabajador municipal. A estas se sumaban las del grupo socialista que, además de interesarse por el Punto Joven o el vallado de San Isidro, también preguntó por diferentes declaraciones de la concejal de Personal y la política de Empleo que se seguirá, por la supresión de la Feria de Muestras o por el calendario de los pagos a proveedores.

Desde el equipo de Gobierno, los responsables de las delegaciones afectadas fueron respondiendo a cada una de ellas y así el concejal de Medio Ambiente, Gregorio Díaz del Campo insistió en que la depuradora municipal “funciona perfectamente” y que el problema viene únicamente por el exceso de caudal y por el encharcamiento de la laguna de Navaseca. En este sentido, Díaz del Campo aseguró que ya se está trabajando para subsanar estas deficiencias y, a este respecto, el primer edil apuntó que Movimiento por las Tablas y el Guadiana, le había solicitado dos fechas en la segunda quincena de julio para que se reuniera el Pacto por el Agua, que integran esta plataforma y los tres partidos políticos de la Corporación.

Por lo demás, el concejal de Juventud, Agustín Núñez de Arenas informó de que el cierre del centro de General Espartero es “cautelar”, que estaba esperando las alternativas que ofrecía la Oposición y que la monitora cumplirá su contrato en Motilla. En cuanto al vallado, el responsable de Obras, Rafael Marcelino indicó que cuando asumieron el Gobierno el proyecto “no estaba cerrado” por el anterior Ejecutivo y, por tanto, hubo que decidir las rectificaciones oportunas.  

Mientras, el concejal de Hacienda explicó que su anunciado compromiso de pagar a cuatro meses es porque en la práctica los 90 días expresados por el Alcalde Díaz del Campo escondían que a la liquidación inmediata que se ejecuta con los Consorcios (caso del RSU) se unían otras facturas de mucho más tiempo. “Es igual que si alguien tiene tres fincas y yo no tengo ninguna, la media es que cada uno tenemos finca y media”, ejemplificó. Así, añadía, que hay proveedores que no cobran desde diciembre, que también se debe dinero desde abril a la empresa que gestiona la Ayuda a Domicilio y que, en conjunto, esa deuda a proveedores, se eleva, por encima de los dos millones de euros.  

A continuación, Martín de Almagro salía al paso de sus valoraciones sobre los Planes de Empleo, reafirmándose en lo dicho en la emisora municipal y recalcando lo “precario” de estos contratos. También denunció “la picaresca” que algunos de sus beneficiarios practican y aclaró que las conductas adquiridas que quiere superar en su delegación  tienen que ver, entre otras cosas, a  las sustituciones vacacionales “sugeridas con nombres y apellidos” o a la asunción de responsabilidades de subalternos de servicios cuando sus máximos responsables disfrutan de sus descansos. Pautas que achacó “a la gestión en tiempos de bonanza” de los anteriores ejecutivos socialistas.

La última intervención del Pleno fue la del Alcalde que, en respuesta a una interpelación directa de la portavoz socialista, sostuvo que mantendría los Planes de Empleo, al tiempo que reprochaba a Maestre que antes de las elecciones hiciera “una contratación masiva sin dinero”. En ese momento, entendía Sierra, se debía haber presionado para reclamar el cobro de 48 contrataciones adscritas a los Planes de Choque de abril de 2010, que todavía siguen sin abonarse, según se confirmaba esa misma mañana. “No dude que yo voy a presionar para que llegue el dinero, lo que espero, por el bien del Ayuntamiento, es tener más éxito que el que tuvieron ustedes”, concluía.   

Además, en el capítulo de ruegos, el Alcalde informó de que había tratado con la consejera de Agricultura la situación de CIDRA y se comprometió, en base a la petición de su grupo, a eliminar los aparcamientos municipales reservados al inicio de la calle Mártires y a sumar en esa misma zona una plaza más de estacionamiento para personas con discapacidad.

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