Me confieso un radical de la transparencia gubernamental, hasta tal punto, que considero la transparencia como un elemento tan indispensable como el derecho al voto. Permítanme que hable en abstracto solo un momento. En una sociedad donde todos, ciudadanos, agentes sociales y agentes políticos, tuviéramos un conocimiento completo y concreto de la realidad, nuestras capacidades individuales serían potenciadas hasta límites insospechados y nuestra libertad sería plena, ya que aunque en un momento dado el poder de decisión lo podrán ostentar unos pocos, pero los ciudadanos los identificaríamos sin dudarlo y sabríamos donde están los problemas.
En las democracias occidentales, los ciudadanos hemos decidido ceder parte de nuestro dinero y de nuestros derechos a otros con el fin de que estos gestores los administren sabiamente. Pero en España vivimos en una democracia con anteojeras, donde para un cargo público que no ejecute los gastos es difícil saber dónde va el dinero, donde para un periodista es una tarea ardua conseguir información y donde para un ciudadano de a pie es prácticamente imposible saber qué se cocina en los despachos de las administraciones. Podemos seguir hablando de política en base a lo bien o mal que nos cae un político, o podemos comenzar a exigir información detallada y accesible sobre qué se hace con nuestro dinero a los administradores públicos.
España es una democracia joven, hace 30 años veíamos cómo por primera vez los españoles podíamos votar y eso nos hacía sentir libres, sin embargo hoy eso ya no es suficiente. En una era donde la información fluye de manera extraordinariamente rápida, donde los jóvenes nos acostamos y nos despertamos conectados a las redes sociales y donde podemos leer las noticias en literalmente miles de fuentes distintas, no es admisible que el presupuesto de un ayuntamiento sea un documento de 1000 páginas encerrado en un armario. Hoy existen los medios, las necesidades y la demanda de una gran mayoría de ciudadanos sobre qué se hace con nuestro dinero y lo único que falta es la voluntad política de conseguirlo.
En una sociedad en la que los ciudadanos pasamos de rendir cuentas a nuestros profesores en el colegio a hacer la declaración de la renta para que el Estado conozca nuestros ingresos y en la que admitimos como razonable que se nos controle con cámaras en las calles, la clase política no puede seguir oculta bajo un manto de reglamentos y papeles. Se acabaron los días en los que los ciudadanos admitimos como normal que nuestro dinero se distribuya libremente y se acabaron los días en que las leyes que regulan las subvenciones sean ignoradas por las propias administraciones.
Hoy Internet nos ha demostrado que el que no es trasparente es porque esconde algo y aunque los ayuntamientos llamen administración electrónica a pedir un certificado del padrón desde nuestra casa, los ciudadanos les exigimos a los gestores de lo público lo mismo que ellos nos demandan a nosotros: control, fiscalización y transparencia.
