Parece que al culebrón del espionaje en Ciudad Real le quedan aún muchos capítulos. La agencia de detectives Almirante interpondrá una demanda civil contra la presidenta electa electa de Castilla-La Mancha, María Deolores de Cospedal, cuyo representante legal no ha reconocido hoy las pretensiones de la agencia durante un acto de conciliación celebrado en Toledo. Los próximos citados ante el juez mediante demanda de conciliación son la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero; y el portavoz y concejal de Urbanismo, Francisco Cañizares, según informa CLM Press.
El acto de conciliación celebrado esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Toledo se producía tras la demanda interpuesta a primeros de abril por Detectives Almirante, tras las acusaciones de espionaje al PP de Ciudad Real realizadas por Cospedal. Según las mismas fuentes, el representante legal de la presidenta electa de Castilla-La Mancha no ha reconocido ninguno de los aspectos que incluía la demanda, por lo que la agencia ha decidido que va a interponer “de inmediato” una demanda civil contra Cospedal.
La demanda interpuesta por Detectives Almirante para intentar actos de conciliación no sólo fue dirigida a Cospedal, sino también a otros dos dirigentes del PP, en este caso, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero; y el concejal del Ayuntamiento ciudadrealeño, Francisco Cañizares. Aunque, en primera instancia, ambos habían sido citados por el juez para el 24 de junio, dicha cita se ha pospuesto para el 1 de julio, en esta ocasión, en los Juzgados de Ciudad Real.
En su demanda, Detectives Almirante pedía que «Cospedal reconozca que, en su día, afirmó que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha contrató detectives privados para seguir a dirigentes del PP y que su partido no tenía pruebas de ello». Además, esta agencia también solicitaba que la secretaria general del PP y presidenta electa de Castilla-La Mancha «aceptara que puso bajo sospecha que el dinero para pagar a detectives privados procedía del Gobierno regional y que, además de en Ciudad Real, el caso de espionaje podría afectar a más provincias y a más dirigentes del PP de Castilla-La Mancha».
