Son alarmantes las noticias sobre la situación financiera de la Junta de Castilla -La Mancha que llegan desde el futuro gobierno del PP, estimando una deuda de unos siete mil millones de euros, y dos mil más de pagos pendientes, y avisando del riesgo de impago de las nóminas de los trabajadores de la Junta; nos parece gravísimo.
Ante estos rumores que veníamos oyendo desde hace tiempo, desde CSI-F preguntamos en la Mesa de la Función Pública y nos respondió el director general diciendo que los sueldos estaban garantizados, salvo «tsunami», hasta diciembre, y en esa actitud garante se mantiene el gobierno en funciones. ¿A quién creer?, ¿es tan difícil poner las cuentas encima de la mesa y acabar con esta refriega que daña la imagen, de nuestra Comunidad?, ¿son conscientes los políticos del daño que pueden inferir al desarrollo de nuestra Región?
No podemos tolerar esta informalidad, esta reyerta, esta falta de nivel, esta irresponsabilidad institucional, este engaño partidista, esta falta de respeto a la ciudadanía. No sería lícito que, como dicen los socialistas, el futuro gobierno de la Junta utilizara la exageración para justificar las duras medidas que puede estar pensando ante esta grave situación, y sería gravísimo que el gobierno saliente pudiera estar ocultando la realidad, entorpeciendo el normal traspaso de poderes.
Si fuera cierta esa información sobre destrucción de documentación de la Junta estaríamos ante un delito contemplado en el capítulo IV del Código Penal, «De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos» que, en su artículo 413, dice: «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años». Si esas informaciones se confirmasen se habrían de depurar y asumir responsabilidades, penales en este caso.
Esperamos, ya se lo hemos anunciado a la Sra. de Cospedal, que, en su momento, aplique las medidas de austeridad y recortes en los ámbitos en los que se comprometió: televisiones regionales, empresas y fundaciones nacidas a la sombra de la Junta, subvenciones y ayudas, cargos y puestos de confianza, coches oficiales, teléfonos, gastos suntuarios, privilegios políticos, inadmisibles. Desde CSI-F manifestamos nuestra solidaridad para asumir la austeridad que procediese en el ámbito sindical.
Ante esta grave situación, esperamos y pedimos que, más pronto que tarde, acabe esta sátira, esta nociva diatriba partidista y se informe con claridad y fidelidad porqué desagües se ha ido tanto dinero público. Distinguimos entre el derroche manirroto e irresponsable y las malas prácticas, la prevaricación del amiguismo para favorecer a determinados grupos y personas con dinero público; los ciudadanos precisamente por eso, porque es nuestro dinero, tenemos derecho a conocer como se ha empleado hasta el último céntimo.
Por ello exigimos que de forma inmediata se dé información seria, clara y veraz, es lo menos que exige el respeto a la dignidad de los ciudadanos; desde CSI-F lo demandamos con firmeza a los gobiernos saliente y entrante.
