Hoy es un día de conmemoración, en su doble vertiente de celebración y de concienciación. Este año muchas personas vecinas de Ciudad Real celebran la desaparición de la amenaza que, sobre la suficiencia de agua potable para el consumo humano y para la preservación ecológica de los cauces naturales, ha significado el proyecto de “El Reino de Don Quijote” durante más de una década. Sin embargo, y por el lado de la concienciación, el pueblo de Ciudad Real ha de reconocer que este proyecto ha caído por su propio peso especulativo, no porque un fuerte movimiento de la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos atrajera al sentido común a sus representantes políticos.
Sobre Ciudad Real y su pueblo se cierne otra amenaza de la que el agua, o más bien su gestión, es la excusa rehén porque así lo ha querido el equipo de gobierno del Partido Popular. La amenaza es que el PP, con Rosa Romero a la cabeza, siga gobernando el Ayuntamiento de Ciudad Real tras las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011.
El presupuesto municipal para este año, con reconocimiento expreso del interventor municipal en su informe preceptivo, necesita que el equipo de gobierno del PP, que aprobó el presupuesto en solitario, rescinda el contrato de gestión del agua potable con Aquagest y la indemnice con 8,5 millones de euros, y suscriba dos nuevos contratos (uno mancomunado con la Mancomunidad de municipios del Gasset y otro del agua en baja para Ciudad Real) que le suponga unos ingresos de alrededor de 20,5 millones de euros en concepto de canon de entrada de la nueva empresa adjudicataria a devolver en 25 años. Y todo esto dentro de 2011, para el presupuesto y su ejecución queden equilibrados.
¿Y por qué esto es una amenaza?
Porque la probabilidad de que esta operación financiera, que utiliza al agua de todas y de todos como rehén, pueda ejecutarse, bien dentro de 2011, bien en un futuro próximo, es prácticamente nula.
Aquagest no acepta la rescisión del contrato porque la entiende ilegal por no ajustarse a las causas de la normativa vigente en 1980, en 1995 o en 2011 (esto sin contar con que las reclamaciones de la empresa a los presupuestos municipales y acciones legales posteriores no busquen una ampliación de la indemnización por encima de los 8,5 millones de euros).
Nos encontramos en año electoral, y nadie niega que este proceso ralentiza la gestión municipal.
Quienes conocen el negocio de la gestión del agua dudan de que el Ayuntamiento de Ciudad Real encuentre empresa alguna que se preste a desembolsar un canon de 20,5 millones de euros en la coyuntura económica actual. El equipo de gobierno municipal debe explicar con quiénes han hecho esas cuentas o si simplemente es la cantidad que les faltaba para nivelar los presupuestos del 2011.
De no consumarse esta operación financiera durante 2011, la economía pública ciudadrealeña colapsaría, porque los 12 millones de diferencia no iban a destinarse en su integridad a la renovación de la red de tuberías de agua potable, supuesto en el que podrían aumentarse o disminuirse en función del superávit actual de la operación, sino que para esas obras tan necesarias para Ciudad Real solamente está presupuestado 1 millón de euros. Los otros 11 son para cuadrar el presupuesto de ingresos con el de gastos previstos en 2011.
La amenaza continúa porque, aun en el caso de que el equipo de gobierno municipal resultante de las elecciones municipales del 22 de mayo consiga ejecutar la operación en 2011, habrá equilibrado este presupuesto, pero no los siguientes, ejercicios en los que además tendrá que empezar a devolver los cánones de entrada de la empresa con intereses. Parafraseando el refrán: agua para hoy y sed para mañana.
Nos encontramos ante la evidencia de que Ciudad Real se ha convertido en el paradigma de lo que, al cabo de los años, sucede en las Administraciones que privatizan la gestión de los servicios básicos de su titularidad. Un tercio del presupuesto de Ciudad Real lo gestionan ya empresas privadas, que no trabajan por amor al arte, sino por un beneficio que podría considerarse legítimo incluso por su actividad, pero no en los servicios públicos básicos. Podemos afirmar que el beneficio acumulado de las empresas privadas que vienen contratando con el Ayuntamiento de Ciudad Real la gestión de los servicios públicos municipales ha generado el déficit presupuestario actual cuantificable al menos en 11 millones de euros, por lo que este déficit no puede solucionarse mediante la huida hacia adelante que implican dos nuevos contratos de la envergadura de los de gestión del agua, sino con el rescate para su gestión directa por la Administración de los servicios privatizados, motivo que sí es legal para rescisión de los contratos del sector público.
El pueblo de Ciudad Real está a tiempo, a dos meses justos, de dar un giro corresponsable a la política y a la economía pública municipal. Las personas que pueden votar en las elecciones municipales no deben hacerlo a quienes celebran institucionalmente (también desde el PSOE) el Día Mundial del Agua apelando a esa corresponsabilidad, a quienes utilizan el agua como arma arrojadiza en la contienda política y a quienes se presentan a las elecciones como gestores públicos que luego, a la vuelta de la toma de posesión de su cargo, abandonan la gestión pública en empresas privadas. Y, sobre todo en el asunto del agua, nadie puede decir que la gestión privada es mejor que la pública porque, ¿quién no ha tenido problemas con Aquagest a título particular o colectivo (véanse las averías de la red pública tanto de agua potable como de agua residual)? ¿Acaso a nadie le han cortado el agua por haber dejado de pagar puntualmente en un momento de apuro económico familiar? ¿Qué trabajador de Aquagest no querría ser público comparando sus condiciones de trabajo y retribuciones con las de los trabajadores del Ayuntamiento? ¿Quién es capaz de asegurar que el precio del recibo no va a subir tras lo que es una mera operación financiera de un equipo de gobierno municipal que sólo busca un préstamo extrapresupuestario (en forma de canon de entrada) porque ya no puede endeudarse más legalmente?
Porque esa es otra, y ya termino. El portavoz del equipo de gobierno aseguró que el cambio de empresa concesionaria del servicio no conllevaría el aumento del precio del recibo. Y esto puede ser verdad en las condiciones actuales del servicio, pero no si se acometieran las obras de renovación imprescindibles ya en la red municipal. Pero ahondemos más porque, si el precio del recibo actual cubre toda la estructura de costes del servicio incluido el beneficio de Aquagest y a la nueva empresa además le vamos a tener que ir devolviendo durante 25 años (máximo legal del contrato si no conlleva obras) los cánones que importan 20,5 millones de euros más los intereses sin aumentar el precio del recibo, ¿a cuánto asciende el beneficio actual de Aquagest? ¿No es ésta la mayor prueba de la sangría presupuestaria que supone la privatización de la gestión pública que desarrollan tanto el PP como el PSOE allá donde gobiernan?
