Un juzgado de Ciudad Real ha obligado al Ayuntamiento de Puertollano a reabrir un expediente informativo para determinar la legalidad e incompatibilidad de las actividades desarrolladas por el secretario accidental del Consistorio, Juan Luis Vázquez Calvo, como abogado privado, al margen de sus funciones en el Ayuntamiento. El juez estima que a pesar de los indicios documentales, el Ayuntamiento “no ha investigado lo más mínimo esta posible irregularidad”. La sentencia responde a un recurso presentado por Izquierda Unida.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Ciudad Real vuelve a poner en el punto de mira al secretario accidental del Ayuntamiento de Puertollano, Juan Luis Vázquez Calvo. Y es que el juez ha obligado al Consistorio a reabrir las diligencias informativas sobre la posible incompatibilidad de sus actividades como abogado privado denunciada en su momento por Izquierda Unida. El juez considera que a pesar de los indicios documentales “la tramitación de las diligencias informativas fue absolutamente deficiente”. Así lo ha anunciado el portavoz municipal de Izquierda Unida, Florentino López Montero, quien ha dado a conocer el contenido de la sentencia que responde al recurso presentado por la formación de izquierdas contra el cierre de las diligencias informativas.
El fallo judicial pone sobre el tapete la insuficiencia de la investigación y la premura con que fueron archivadas las diligencias por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. Así, el juez recuerda que las diligencias fueron iniciadas el 3 de septiembre de 2008 y archivadas sólo ocho días después, el 11 de septiembre; que se minusvaloró la documentación facilitada por el demandante, Florentino López Montero; y que sólo se efectuó una única actuación: la audiencia del propio interesado.
El juez estima que el archivo de las diligencias de la Junta de Gobierno Local denota que “no se ha investigado lo más mínimo esta posible irregularidad, sin que tampoco se haya hecho mención alguna a si el secretario había solicitado compatibilidad y si se le había concedido o denegado”. Todo ello, teniendo en cuenta, según el magistrado, “la obligación del Pleno de velar por la legalidad de todas las cuestiones atinentes al Consistorio y, entre ellas, que se cumpla la Ley de Incompatibilidades por todos sus funcionarios”.
Continúa así, pues, un proceso iniciado en el verano de 2008, cuando el grupo municipal de IU tuvo acceso a un documento jurídico en el que constaba que el secretario municipal ejercía de abogado defensor del conocido empresario Juan Antonio Navarro, ex presidente de la Unión Deportiva Puertollano, que a su vez mantenía vinculaciones económicas con el Ayuntamiento.
IU hizo llegar estos indicios al equipo de gobierno, que archivó en una semana el expediente informativo. Esta decisión fue recurrida ante los tribunales, lo cual, según IU, le valió las “amenazas, coacciones, descalificaciones e insultos tanto del portavoz del PSOE como del alcalde”.
Izquierda Unida ha lamentado que el Ayuntamiento de Puertollano, que no ha recurrido la sentencia, no la haya cumplido aún, cuatro meses después de tener conocimiento de ella.
