Si consideramos que los cuatro presupuestos municipales de la actual legislatura han sido elaborados y aprobados de forma unilateral por el equipo de gobierno municipal del PP, desoyendo las reclamaciones realizadas contra ellos presentadas por Izquierda Unida y por las Asociaciones vecinales, e ignorando el voto en contra del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, saltándose todos los cauces formales y esenciales que representarían unos presupuestos populares, consensuados con el tejido asociativo de la ciudad, ajustándose a derecho y reales, podemos concluir que la Sra. Romero no cree en la participación ciudadana. Que simplemente existe un Reglamento de Participación Ciudadana, porque se lo encontró hecho de 1996, y un Consejo de Participación que también, al que hace caso omiso en sus deliberaciones y decisiones, en su orden de convocatorias y en la escucha de sus propuestas.
Otra posibilidad es que tenga un concepto equivocado de ella, como demuestran sus declaraciones a un medio de comunicación afirmando convencida que Izquierda Unida de Ciudad Real ha podido presentar reclamaciones a los presupuestos de 2011 gracias a que el Ayuntamiento en sus manos fomenta la participación y la transparencia.
Debe ser que la Sra. Romero no conoce la normativa de haciendas locales porque, además de su afirmación anterior, tampoco es motivo legal para desestimar las reclamaciones de IU por el Pleno que esta formación política no tenga representación en él en estos momentos (ver extracto normativo al pie).
Con estos antecedentes ¿quién, en precampaña electoral, puede creerse que a la Sra. Alcaldesa le haya dado un “brote participativo” porque (según el sitio oficial del ayuntamiento en internet) presenta ante “numerosas entidades sociales y vecinales las líneas maestras del programa Ciudad Real Participa para escuchar las demandas y necesidades de los diferentes colectivos de la ciudad y sentar las bases de la política de participación ciudadana para la próxima legislatura” que es lo que prometió hace 4 años pero para lo que no ha encontrado el momento adecuado de cumplir?
En la misma línea nos encontramos al Sr. Valverde, quien aprovechando su cargo de Delegado de la Junta y con ello su imagen pública, ofrece y promete, de forma unilateral y a una asociación concreta, para el caso hipotético de que sea alcalde, el uso del antiguo Colegio Ferroviario, que es propiedad de la Junta hasta el momento.
Vamos por partes en esta extraña historia: en primer lugar, si el citado edificio es de la Junta de Comunidades, y el Sr. Valverde es Delegado de la misma en Ciudad Real, ¿por qué no cede ya su uso a la Asociación de Cofradías de Semana Santa, con quienes se está comprometiendo?
Por otra parte, ¿quiere decir esto que el edificio va a pasar a manos del Ayuntamiento ya que el supuesto alcalde va a poder decidir sobre su utilización?
Y tercero y más importante, con la precampaña que estamos viviendo a diario en todos los medios de comunicación por parte del candidato del PSOE (Delegado de la Junta) en la que muestra un presunto empeño en la participación de todos los movimientos asociativos de la ciudad, ¿es coherente que ya, antes de consultar con ninguno, haya asignado el uso y disfrute de este maltrecho edificio a una determinada asociación? ¿Qué papel juegan entonces las mesas de participación en la política del Sr. Valverde?
Nos parece otra vez más que la forma de hacer política de los partidos más poderosos juega con la ilusión de la gente, con la esperanza de que en algún momento un mínimo de lo prometido se cumpla y de que éste fuera en beneficio de la sociedad.
Desde IU pensamos que lo más adecuado para emplear un edificio tan emblemático en la vida de Ciudad Real sería el de albergar la sede de todas las asociaciones, sin preferencias ni sectarismos que puedan suponer un gran puñado de votos para las próximas elecciones.
Por favor, señoras y señores políticos: practiquen juego limpio, si no quieren desacreditar entre los ciudadanos aún más el trabajo político y social de quienes honestamente participan en la política.
Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor.
1.Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas.
1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:
a. Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b. Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
c. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
