Es lo que se denomina la esclavitud del siglo XXI, o como estar atados a los bancos a través de préstamos hipotecarios de por vida para adquirir una vivienda, y si no la puedes pagar te quitan la vivienda y te embargan más allá del propio inmueble.
El 26 de enero conocimos como un auto de la Audiencia Provincial de Navarra venía a permitir la entrega de una vivienda para saldar la hipoteca. Reconocía, por primera vez en vía judicial, que la adjudicación de la vivienda en subasta debe bastar para saldar la deuda hipotecaria, al entender que las entidades financieras han causado la crisis y que es «moralmente rechazable» que ahora aleguen que la vivienda se ha depreciado para reclamar la diferencia. No conviene olvidar que son los propios bancos los que realizan la tasación. Según recoge el documento judicial, el banco demandante ejecutó una hipoteca al no cumplir el cliente demandado con el pago de las cuotas. Tras el embargo de la vivienda, procedió a subastarla. Como la cantidad obtenida no cubría el principal de la hipoteca, el banco reclamó al demandado el abono del resto de la deuda.
La Audiencia señalaba que “no ha lugar a que la entidad reclame el importe del principal del préstamo que no recuperó a través de la subasta”. La razón es que el valor de la casa, en base a la tasación que banco y prestatario acordaron en la firma de la hipoteca, es suficiente para cubrir la deuda. Añadía que «moralmente es rechazable que se alegue (por el banco) la pérdida de valor de la finca que servía de garantía del préstamo, que no se hubiera concedido si no hubiera tenido un valor suficiente» y afirmaba que la reducción en el valor del inmueble es «directamente achacable» a la crisis económica causada por la «mala praxis del sistema financiero» del que el banco demandante forma parte.
La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante. Un abuso en toda regla.
La semana pasada IU presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa para cambiar la normativa hipotecaria y posibilitar que se pueda saldar una hipoteca con la entrega de la vivienda. Esta iniciativa, impulsada de forma idéntica por la Federación de Municipios y Provincias, también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y judicialmente exigible de todos los ciudadanos a una vivienda digna, la prohibición de cláusulas abusivas en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamo hipotecario. Esta práctica ha contribuido a generar uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo, fomentada por las instituciones financieras y la pasividad tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda. El resultado de la votación fue que los grupos del PP y del PSOE unieron sus intereses a los de los bancos y tumbaron la iniciativa, una pinza económica en toda regla. Queda esperar que la vía judicial no cambie de “doctrina” y conseguir un nuevo equilibrio de fuerzas parlamentarias donde no prime el interés de los bancos.
