El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Agustín Espinosa, ha acusado al portavoz del equipo de Gobierno y responsable de Urbanismo, Francisco Cañizares, de estar falseando “deliberadamente” la información sobre la ruptura del contrato con Aquagest.
Cañizares alega que dicha rescisión responde a la futura gestión del servicio de agua por parte de la recientemente creada mancomunidad de servicio de agua e alta, algo que “no es cierto -ha puntualizado el responsable socialista- pese a que los dirigentes del Ayuntamiento insistan en un intento de engañar a la ciudadanía sobre las verdadera razones”.
Para comprender la decisión tomada por el equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento ciudadrealeño, Espinosa ha aclarado que la prestación del servicio consta de dos fases. El servicio denominado en alta, desde el pantano hasta los depósitos, y el servicio en baja, es decir, desde los depósitos hasta los domicilios.
Por lo tanto, «la mancomunidad sólo interviene en el servicio de agua en alta, pero tal servicio no afecta en nada al servicio en baja, una distinción con la que el concejal de Urbanismo pretende confundir”.
Además, Agustín Espinosa ha subrayado que la mancomunidad no tiene competencias para la prestación del servicio en baja y, consecuentemente, “los argumentos que el concejal de Urbanismo del PP manifiesta son rotundamente falsos, dado que el servicio que rescindirá el Ayuntamiento con Aquagest para abastecer la ciudad no será gestionado por la mancomunidad”, entre otras cosas porque su objeto social no tiene atribuido competencias para prestar ni gestionar este servicio. Para ello, Espinosa ha señalado que sería necesario un cambio de los estatutos de la mancomunidad.
Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista quiere reiterar que la operación de rescisión del contrato con Aquagest “es una operación económica prevista para salvar al Ayuntamiento de la situación de ruina a la que nos ha llevado Rosa Romero”, agravado con el coste de 8 millones de euros que le costará a los ciudadanos y la posibilidad de que el asunto acabe en los tribunales por el desacuerdo mostrado ya por Aquagest con el Consistorio.
Por último, Espinosa ha emplazado a la alcaldesa Rosa Romero a “que explique a los ciudadanos por qué tenemos que pagar cada familia 500 euros por una decisión que ellos solos están tomando”.
