Si algo está demostrando la grave crisis que atravesamos es que los gobiernos del PSOE y sus dirigentes son capaces de apropiarse de buena parte de las recetas económicas de la derecha y tomar el camino más fácil, el camino de las reformas, los recortes y los ajustes duros, haciendo pagar la crisis a quien precisamente no la ha provocado. Los últimos pasos en el ámbito nacional son la privatización de las cajas, por supuesto con dinero público por medio y una reforma de las pensiones que los sindicatos han conseguido suavizar frente la contundente intención del Gobierno, conseguida en gran parte, de satisfacer a los insaciables mercados financieros y bancos de referencia. La mercancía en este caso se llama pensiones públicas, es decir, los pensionistas. Aún estamos esperando, después de todo lo que esta cayendo, que se tomen medidas para que la salida de la crisis la paguen ellos, los que la han provocado.
Castilla-La Mancha no ha resultado ajena a estas políticas de recortes, principalmente en servicios públicos, empleo e inversiones. Si la reforma laboral ha sido una de las tantas líneas rojas que se han superado por el Gobierno de Zapatero, los recortes en inversión pública y sobre todo en sanidad, educación y protección social son la particular línea roja superada por el Gobierno regional. La reducción del gasto social, la inversión y el empleo público, a nivel regional está provocando el aumento del paro, una reactivación económica más tardía y una salida de la crisis, además de injusta, sin alternativas de desarrollo y creación de empleo. Y el Partido Popular simplemente está al acecho para consolidar una nueva etapa de privatizaciones y contracción de los servicios públicos fundamentales, una vez se haya pasado por su degradación.
El contagio regional de las contradicciones del Zapaterismo se ha hecho más evidente cuando se han aprobado unos presupuestos para 2011, el mismo día que se reconocía su desequilibrio y la necesidad de un plan de consolidación financiera, o cuando se presumía de déficit excesivo a la vez que se anunciaban medidas para atajarlo y estas no
vienen acompañadas de un reforma fiscal progresiva y de calado para dotar de fondos las arcas públicas autonómicas.
Los recortes presupuestarios realizados durante el año 2010 suponen un total aproximado de 950 millones de euros. El último paquete de recortes se incluía en los ya obsoletos presupuestos regionales aprobados hace escasamente un mes, y suponían un total de 444 millones, afectando principalmente a sanidad, educación y protección social que acumulaban un 56% del ahorro. Ahora tenemos sobre la mesa el llamado Plan de Consolidación Financiera, con el objetivo fijado en recortar 1000 millones de euros más al presupuesto de la Junta, aprobado hace unos días. No comparto ni las formas ni el fondo, el contenido, del mismo y estoy convencido de que los verdaderos recortes para ahorrar semejante cantidad de dinero, venta de viviendas aparte, permanecen ocultos, solo serán visibles y notorios tras las elecciones autonómicas y se centrarán, una vez más, en empleo público, sanidad y educación. Espero equivocarme, pero si hemos sido campeones en déficit público(18% PIB) y la imperiosa necesidad de reducirlo solo tiene una receta, los recortes, mucho me temo que seremos también campeones autonómicos en recortes.
