Surf Ski Supremacy – Come Fly With Me su comparecencia de ayer» hspace=»10″ vspace=»5″ align=»left» />Un escándalo sin precedentes en la Diputación. Así calificaba el portavoz popular en la corporación provincial, José Alberto Martín-Toledano, el contenido de las cinco sentencias, dos del Juzgado Contencioso Administrativo de Ciudad Real, dos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y una del Tribunal Supremo, en contra de la Diputación, por vulnerar principios constitucionales en los procesos selectivos de altos funcionarios: según el fallo judicial, “todo el proceso selectivo tenía como único fin el nombramiento de una persona determinada».
Tal y como desveló Toledano, «las sentencias obligan a la Diputación a anular la plaza de vicesecretario de la institución y dársela a la recurrente; y ahora la de secretario y dársela también a la recurrente». Toledano afirmó que “ ahora se debe cesar de forma inmediata al secretario y que la plaza la ocupe la recurrente, lo que no ha sucedido en ninguna administración”.
El portavoiz popular leyó algunos párrafos de las diferentes sentencias donde se afirma que “en estos procedimientos de nombramientos ha existido por parte de la Diputación grave arbitrariedad constitutiva de desviación de poder”. “Todo el proceso selectivo tenía como único fin el nombramiento de una persona determinada con vulneración de los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a la función pública”, o “inexistencia de garantías sobre la correcta valoración de la otra candidata por parte de la Diputación. Se aprecia arbitrariedad al entender que la recurrente es la más capacitada para el puesto y la Diputación eligió a quien tenía menos aptitud”.
El Grupo Popular entiende que «el equipo de gobierno ha perjudicado gravemente el correcto funcionamiento de la Diputación y el interés general con estas ilegalidades». «Unas sentencias que tendrán efectos económicos -indicó Toledano- ya que se ordena adjudicar el puesto de trabajo a la recurrente con efectos administrativos y económicos y se condena a pagar las costas de 2 de los 5 juicios, además del pago del nuevo abogado que contrato la Diputación para el último juicio».
El portavoz popular quiso dejar claro que el Grupo Popular «no toma partido por ninguno de los dos funcionarios afectados, a los que considera grandes profesionales, que han sido enfrentados artificialmente como consecuencia de las arbitrariedades cometidas por el equipo de gobierno socialista».
Toledano afirmó que se ha dilatado la resolución de estos procedimientos durante 7 años, en un asunto que vulnera la Constitución, lo que calificó como “prepotencia del que cree que puede abusar de la ley”. El portavoz popular matizó que “es necesario aire nuevo en la diputación para que esto no suceda ya que estamos ante políticos que se burlan de la Ley y los ciudadanos”.
