El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha presentado esta mañana el Plan de Empleo de la institución provincial, una iniciativa que permite combatir el paro y la pobreza en los pueblos de la provincia de Ciudad Real que supone una inversión de 8 millones de euros.
De Lara, que ha estado acompañado por la vicepresidenta Jacinta Monroy, responsable de la gestión de esta programa, entre otros, ha asegurado que desde el pasado 27 de diciembre, cuando el BOP publicó la convocatoria, los ayuntamientos pueden presentar sus solicitudes y las podrán formalizar en el plazo de seis meses a partir de esa fecha.
Ha querido dejar claro el presidente de la institución provincial que el Plan de Empleo nace con una consignación económica tan sustanciosa, con tanta urgencia y disposición porque la crisis ha hecho y está haciendo estragos en lo que afecta al empleo, por lo que considera que «es lógico» que la Diputación se preocupe por los que están resultando más afectados. «También pretendemos apoyar a los ayuntamientos, ya que casi todos tienen dificultades financieras, para que desarrollen obras y servicios para su comunidad y en sus municipios; y que siempre empleen a parados registrados en la oficinas del SEPECAM. Que los beneficiarios sean, en definitiva, demandantes de empleo», ha dicho.
El plazo máximo de contratación se ha fijado en tres meses con jornadas de 35 horas semanales. Ha precisado, no obstante, que se admitirán «muchísimas excepciones porque somos absolutamente flexibles, puesto que sabemos que existen muchas situaciones difíciles». Así las cosas, De Lara ha afirmado que se admitirán contratos a tiempo parcial y también de un día. «Un alcalde que sepa que se necesita un día de cotización para acceder a la prestación correspondiente podrá acogerse al Plan de Empleo de la Diputación», ha comentado para añadir que ocurrirá lo mismo si un regidor municipal estima que un parado necesita un contrato que exceda el tiempo estipulado. Por el contrario, no se admitirá más de un contrato por unidad familiar con el fin de lograr repartir más y mejor los recursos.
Se otorgará prioridad, según ha explicado De Lara, a las mujeres víctimas de la violencia de género y también tendrán cabida los titulados universitarios y quienes acrediten FP2, «porque las circunstancias nos dicen que la gente titulada está teniendo problemas severos de empleo». Se respetará, en definitiva, «cualquier combinación posible que los alcaldes acrediten en cuanto a la modalidad de contrato y al perfil de la persona contratada».
Ha destacado, por otro lado, que el Plan de Empleo permite «cualquier tipo de justificación». Es decir, que la Diputación subvencionará los salarios, la seguridad social, materiales y maquinaria, «y también materiales y maquinaria que tengan que emplear los alcaldes en otros planes de empleo». Dicho esto, De Lara opina que «es difícil encontrar un Plan más flexible y más municipalista».
Ha conferido especial importancia el presidente de la institución provincial a que se hayan consignado 225.000 euros para contratar a personas con discapacidad. «Otra gran novedad que se introduce es que cuando se presenten las solicitudes y el certificado de inicio del plan se adelantará a los ayuntamientos el 90 por ciento de la subvención que posteriormente será justificada, para que puedan disponer de los recursos sin tener que endeudar a su municipio», ha precisado.
Se aplicará retroactividad
Se aplicará por primera vez retroactividad, por lo que si llega a la Diputación un contrato que se ha suscrito a partir del 1 de enero de 2011 será admitido. Y hasta el 26 de mayo los alcaldes podrán presentar sus solicitudes y proyectos, que serán justificados antes del 31 de mayo de 2012. «Esto último lo hemos fijado así porque hay pueblos que viven de las recolecciones y a los alcaldes les puede interesar suspender sus planes para que los parados trabajen en las campañas», ha aclarado De Lara.
Ha conferido, por otro lado, una especial importancia a los ayuntamientos como mediadores en el Plan de Empleo de la Diputación. Y ha resaltado que se les trata de compensar desde la institución provincial sus problemas presupuestarios, «porque son los rompeolas de los problemas de la gente».
Ha calificado De Lara en otro momento de su intervención el reparto del plan como «justo, equitativo y objetivamente incuestionable». Y ha comentado que se han utilizado, principalmente, las variables del número de parados y paradas oficiales del SEPECAM al 30 de noviembre de 2010 y los datos de población facilitados por el INE referidos a 1 de enero de 2010. «Esto significa que a menos población, más euros por habitante. A más parados, más euros y, a menos parados, menos euros. Se trata de un criterio de reparto muy objetivo, por lo que es imposible ofrecer más facilidades a los ayuntamientos», ha señalado para resaltar, a continuación, que en tiempos difíciles las administraciones tienen que responder con urgencia, con creatividad y originalidad».
«Nuestras obligaciones están tasadas por ley, tenemos que hacer inversiones municipales, asesorar a los ayuntamientos, financiar obras y servicios, pero ninguna normativa atribuye a las Diputaciones competencias en materia de promoción de creación de empleo directo y automático. Lo hacemos por responsabilidad política», ha afirmado antes de asegurar que no cree que haya en España una Diputación que destine una suma tan importante a la creación de empleo.
Ha concluido De Lara diciendo que «en la Diputación y en la Junta jamás nos apretaremos el cinturón en materia social, porque es necesario, porque es injusto y pecaminoso hacerlo. Esto tiene que ver con los valores y las ideologías».
