COAG-IR considera que el año 2010 ha sido malo en cuanto a los precios de los productos agrícolas se refiere y al incremento de los costes de producción, pese a que las primeras estimaciones de renta agraria hechas públicas tanto por el MARM como por los servicios estadísticos de la Comisión Europea apuntan a que en 2010 habrá un incremento de la renta agraria por unidad de trabajo del entorno del 5 al 6 % respecto del 2009.
En el caso de que estas previsiones se confirmaran, representarían un magro alivio respecto a un período de prácticamente 7 años de caídas continuas que habría situado la renta agraria en 2010 por debajo de la media de la renta de hace 10 ó 15 años.
Digan lo que digan los datos los datos estadísticos y pese a las perspectivas optimistas de que el sector agroalimentario cierre el 2010 con una espectacular recuperación de sus exportaciones y con el incremento de la cifra de negocios y el mantenimiento del empleo en la industria y el comercio de alimentación, la impresión de los agricultores y ganaderos que viven de verdad de esto es que esos positivos datos no se han trasladado a los resultados de sus explotaciones.
Para ellos, el 2010 ha transcurrido entre precios deprimidos, inestables y volátiles para la mayoría de sus productos, nuevos incrementos de los costes de producción y, en general, un futuro incierto sobre su supervivencia económica en casi todos los sectores.
Pero sin duda alguna, el protagonista en el 2010 ha sido el agua por muchos motivos. Las nieves y las lluvias se han mostrado generosas (en exceso incluso en algunas zonas afectadas por inundaciones) lo que ha permitido descansar a los motores de riego, restaurando en parte las reservas de los acuíferos y revivificando parajes emblemáticos como las Tablas, las Lagunas de Ruidera y el complejo de humedales de La Mancha.
Pero políticamente se perdió la batalla emprendida por la región para que a Castilla-La Mancha se le reconociera en su Estatuto la mayoría de edad en las competencias de agua. La presión del Levante en defensa de sus privilegios sobre el Trasvase Tajo-Segura fue causa de desencuentros políticos en Castilla-La Mancha y el Partido Popular no refrendó un proyecto que finalmente hubo de retirarse por su falta de apoyo.
Ahora el Gobierno regional pretende otra vez dotar a sus aspiraciones en política de agua de carta jurídica con una nueva Ley del Agua en Castilla-La Mancha, cuyo texto es ambicioso, pero de la que está por ver su recorrido. No obstante, la verdadera batalla del agua está en la Planificación Hidrológica de las demarcaciones que nos afectan, que está abierta ahora en canal y que es donde se fijará para los próximos años cuánta agua podemos aprovechar, de dónde y para qué.
A la decepción general del Estatuto se une la decepción del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), ya que en 2010 no ha despegado tampoco presupuestariamente en lo que se refiere a la adquisición de derechos y con quejas por el retraso de los pagos y en el proceso de regulación de extracciones.
Si 2010 no ha sido un buen año para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, tampoco lo ha sido para aquellos subsectores que son nuestros proveedores. Prueba de ello es que las ventas de maquinaria agrícola a lo largo de este año van a caer un 10 % en España y, en concreto, en Castilla-La Mancha, la inscripción de tractores en los 9 primeros meses ya había sido un 7,5 % menor que en el mismo período del 2009.
Pero seguramente lo que mejor refleja la crisis son los datos del desempleo agrario que va a cerrar el 2010 con un incremento superior al 40 % y con la perdida de otras 2.000 personas en el conjunto de los ocupados en el sector agrario.
Aparte de los grandes temas ha habido cuestiones más puntuales que, por su importancia en el ámbito local o por su generalización, han contribuido a enturbiar el panorama agrario y a aumentar el malestar de los agricultores y ganaderos.
Los daños que la fauna salvaje está ocasionando en los cultivos, bastante extendidos en el caso del conejo y más localizados los de ciervos y otros, han sido noticia frecuente. Los permisos excepcionales para descaste no conforman a los agricultores porque se dan cuando el daño está hecho, el seguro agrario no cubre todos los daños y en algunos sectores afectados la contratación es muy baja. Lo que se tomó hace tres años por una anécdota en algunas áreas limitadas ha adquirido ya en 2010 tintes preocupantes.
La ITV de los tractores ha sido otro asunto que ha dado muchos dolores de cabeza a los agricultores. La entrada en vigor de nuevas instrucciones para las Inspecciones en relación a las cabinas convertía en Castilla-La Mancha en no admisibles unos 40.000 tractores que hasta entonces habían pasado las ITV sin mayores inconvenientes.
Otra cuestión que ha traído a los agricultores y ganaderos por el camino de la amargura en el 2010 han sido los robos. A lo largo de todo el año se han sucedido las denuncias públicas de robos de material, de combustible, de cables, de ganado, de aceite, de productos en el campo…
Las reuniones con las autoridades han sido varias y no es criticable la actuación de las fuerzas de seguridad, que con los medios materiales y legales de los que disponen hacen hasta donde les alcanza. Pero el campo tiene sus particularidades que hacen que sea más fácil actuar contra la propiedad ajena con casi total impunidad y el valor de lo sustraído -pequeño en comparación con el destrozo y los perjuicios que se ocasionan- no permite aplicar sanciones rigurosas.
Todos estos datos, a juicio de COAG-IR demuestran que en el 2010, el campo castellano-manchego no ha visto brotes verdes.
